Agencia Reforma
Las adecuaciones de Morena y sus aliados al juicio de amparo hacen parecer que el interés principal es aumentar la recaudación fiscal. Hay miles de millones de pesos a los que el gobierno no ha podido acceder debido a suspensiones provisionales emitidas por jueces. Ése parece ser el principal interés de la 4T en este asunto, sin importar si se debilita el principal recurso que tienen los ciudadanos ante abusos de las autoridades y se limita la defensa de derechos individuales y colectivos.
El proyecto ya fue aprobado en lo general y en lo particular esta madrugada por la Cámara de Diputados con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. Se redefine el “interés legítimo”, exigiendo que la afectación sea «real, actual y diferenciada» para quien promueve el amparo. Eso puede dificultar que se admitan a juicio casos colectivos o causas ambientales donde el perjuicio no es personal, sino compartido. También propone limitar las suspensiones provisionales, es decir, que actos aún en proceso de impugnación sigan sus efectos mientras se resuelve el juicio, lo que limita severamente la protección que otorga un amparo.
Esta nueva redacción no es ajena al contexto, pues morenistas como Ricardo Monreal han señalado que la reforma permitirá recuperar una cifra “atorada” en tribunales por créditos fiscales impugnados que rebasa los 100 mil millones de pesos.
El actual gobierno parece estar explotando todas las posibilidades para ensanchar su capacidad de gasto, como confirman esta reforma, los cambios a la ley aduanera, la cruzada contra las factureras o los impuestos a las bebidas azucaradas. Incrementar la capacidad recaudatoria es uno de los grandes retos del Estado mexicano, y la 4T lo está haciendo a costa de los derechos y la protección jurídica de los ciudadanos.
¿Se atrevería la presidenta Sheinbaum a usar su enorme popularidad para hacer una reforma fiscal que corrija estructuralmente la baja recaudación, en lugar de buscar islas de recaudación?
