Adiós Coneval. Hola Inegi.

En un movimiento que ha levantado reflexiones y algunas preocupaciones, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha sido oficialmente disuelta.
La decisión ha sido calificada como la pérdida de un pilar fundamental para la transparencia y la evaluación de programas sociales en el país.

El argumento central es que la CONEVAL no era una institución más. Su función principal era realizar evaluaciones y representar a la sociedad y no solo al gobierno, al ofrecer mediciones de pobreza (incluida la multidimensional) y evaluando la eficiencia de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal. Su famoso lema, "Lo que se puede medir, se puede mejorar", encapsulaba su filosofía: no solo identificar el problema de la pobreza, sino entender qué hacían las entidades de gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Su metodología se apoyaba en datos del INEGI y permitía un análisis neutral y didáctico de la vulnerabilidad por carencias sociales, desde la educación hasta la alimentación.

La autonomía de CONEVAL le permitía entregar información valiosa y neutral a todos los niveles de gobierno, incluso cuando los datos eran incómodos. Por ejemplo, mostró una drástica reducción de la pobreza laboral (personas cuyo salario no alcanzaba para la canasta básica) gracias a programas de transferencias sociales y remesas, incluso superando niveles de gobiernos anteriores. Sin embargo, también reveló una realidad más dura: según su última medición, un alarmante 64.3% de la población nacional no lograba cubrir todos sus gastos básicos (alimentos, renta, servicios, transporte, educación, salud) con su ingreso per cápita, incluso considerando apoyos y remesas, con zonas como Chiapas mostrando una pobreza abrumadora.

La disolución de CONEVAL implica la pérdida de un acervo de información muy importante y la transferencia de sus funciones al INEGI, lo que genera inquietud. Expertos expresan preocupación de que el INEGI sea percibido como un aliado del gobierno, socavando la confianza pública en la institución y en su información.

Esta medida, según diversas voces, deja un vacío crítico en la evaluación independiente y la transparencia de las políticas públicas en México.