Advierten lluvia de amparos ante reducción en pensiones

En entrevista, el litigante consideró que muchos jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se inconformarán ante la reducción del monto que reciben como parte de su derecho a obtener una pensión digna.

"Estaríamos frente a una aplicación retroactiva, la inconstitucionalidad (de la reforma) radica en el acto de la disminución del cálculo que le corresponde al trabajador porque tenía ya un derecho adquirido", afirmó.

Las pensiones que cobran los exfuncionarios, señaló, son producto de las leyes actuales y fueron fijadas conforme a las reglas vigentes, por lo que aplicarles un criterio posterior atenta contra el principio de que no se puede aplicar una ley en forma retroactiva para perjuicio de alguien.

"Aunque haya pensiones que pudiesen ser escandalosas, como supuestamente dicen, que hay una persona que tiene un millón de pesos de pensión mensual, jurídica y constitucionalmente no podrían revocar esa pensión porque ya sería aplicar de manera retroactiva la propia Constitución, lo que sería completamente incongruente.

"(Además), con esta reforma constitucional ya no van a pagar la pensión en los términos establecidos, es decir, ya no van a pagar más de 70 mil pesos en el momento en que (al trabajador) le toque jubilarse, cuando las condiciones en las que se estaba desempeñando como servidor público le daban derecho a ello. Hay derechos adquiridos que por congruencia constitucional no se deben de tocar", sostuvo.

Según la perspectiva de Martínez, en los artículos transitorios se podría establecer la afectación a los jubilados y pensionados, al señalar que serán objeto de la reforma que se pretende hacer en la Constitución.

Ayer, la Presidenta Sheinbaum dio a conocer que enviará al Senado una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución, para que la pensión de exfuncionarios no rebase el 50 por ciento de lo que percibe la persona titular del Ejecutivo federal.

El litigante consideró se trata de una maniobra que responde a la necesidad del gobierno de obtener más recursos para sostener los programas sociales que ha impulsado la Cuarta Transformación.