Aprueban Morena, aliados y MC "Plan B" electoral en Diputados

Con el apoyo de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y aliados lograron aprobar en el Pleno de la Cámara de Diputados en lo general el “Plan B” electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que establece un tope a las regidurías, limita el presupuesto de Congresos locales y reduce el salario de funcionarios electorales.

Tras una discusión que se prolongó poco más de cuatro horas, se avaló la reforma en lo general con 377 votos a favor y 102 en contra, estos últimos de integrantes del PAN y PRI.

En el debate, la Oposición rechazó que la reforma genere ahorros significativos y criticaron que el Gobierno federal y la mayoría impulsen una reforma electoral mientras en el País existen crisis, como la de las desapariciones forzadas.

Las modificaciones establecen un tope de 15 regidurías en los Ayuntamientos y plantean que los recursos anuales de los Congresos locales no deberán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad federativa correspondiente.

Agrega que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del INE, organismos electorales y Tribunales Electorales locales no podrán ganar más que la Presidenta de la República, ni podrán adquirir o contratar seguros, tener cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro que no estén previstas por la ley.

Además, establece que a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los próximos cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales, con respecto a su presupuesto de 2026.

Luego de que su partido logró en el Senado eliminar del proyecto la revocación de mandato, el petista Francisco Amadeo Espinosa anunció que su bancada votaría a favor de la reforma, porque responde al principio de austeridad republicana y elimina excesos y privilegios en la burocracia electoral.

"Responde a una realidad que no se puede ni debe ocultarse: durante décadas, las altas burocracias, incluida la electoral, construyó un entramado de privilegios caracterizado por sueldos millonarios, seguros médicos privados, cajas de ahorro especiales, regímenes de retiro discrecionales y un sin número de prestaciones que no están al alcance de la mayoría de los trabajadores del país", afirmó.

El pevemista Juan Carlos Carrillo Soberanes confirmó que su bancada acompañaría el “Plan B”, toda vez que resulta éticamente inaceptable que el servicio público se convierta en un espacio de excesos.

El priista Emilio Suárez Licona acusó que el “Plan B” no es una reforma de austeridad, sino de control político y centralista, porque pasa por encima del federalismo al imponer desde el centro cómo deben integrarse los Ayuntamientos y fijar límites presupuestales a los Congresos locales desconociendo su autonomía.

Suárez Licona advirtió que si bien la reforma se presenta en una estrategia para reducir costos, esa hipótesis descansa en un diagnóstico equivocado, ya que sólo en 59 municipios superan el umbral de 15, de ahí que con la reforma se eliminarían 703 regidurías, es decir, el 4.2 por ciento del total.

El legislador detalló que esto implicaría ahorros por 31 millones de pesos mensuales que, dividido entre los municipios afectados, representara alrededor de 536 mil pesos por municipio. 

La panista Carmen Rocío González acusó a la mayoría de pasar por alto el artículo 73 de la Constitución que no faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de organización política y administrativa de los estados y los municipios.

Advirtió que también ignoraron la soberanía de los estados y los municipios en lo que concierne a su régimen interior

"El fracaso de la Presidenta plasmada en el ‘Plan B’ y en esta minuta no lo puedan pagar los estados y los municipios”, afirmó.