De la austeridad en ley al derroche en la práctica: el gobierno de Morena bajo la lupa

Morena llegó al poder en México con un discurso de austeridad, en el que su fundador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, recalcaba constantemente que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Durante su sexenio impulsó la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual fue aprobada por los congresos con el objetivo de acabar con los privilegios en el poder, promover la honradez, eliminar los gastos excesivos de los funcionarios públicos, generar ahorros en el gasto público y establecer la austeridad como un valor fundamental del gobierno.

Dicho mandato buscó eliminar diversos lujos que durante años fueron severamente criticados, como el seguro de gastos médicos mayores privado pagado con recursos públicos, fondos de ahorro especiales, el uso de camionetas de lujo y choferes, remodelaciones costosas de oficinas, mobiliario de alto valor, así como la reducción de personal de apoyo excesivo (asesores, secretarios y ayudantes, entre otros).

En la ley se describe la austeridad republicana como un acto para “combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Sin embargo, después de que en 2019 la ley entró en vigor, algunos funcionarios parecen haber olvidado estos principios. El año 2026 marca dos ejemplos clave. El primero es la reciente adquisición por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nueve camionetas de alta gama, Jeep Grand Cherokee blindadas, destinadas a los ministros, con precios que oscilan entre 1.07 y más de 1.7 millones de pesos por unidad.

El segundo caso es la reapertura de un salón de belleza dentro del Senado de la República, espacio que había sido cerrado y duramente criticado como un “privilegio” en 2018, con la llegada de López Obrador a la Presidencia. En redes sociales se difundió un video en el que aparece una senadora del Partido Verde recibiendo un tratamiento de tinte dentro de las instalaciones del Senado. Este hecho generó críticas debido a que Morena mantiene un discurso de austeridad. Tras la difusión del caso, personal de resguardo colocó sellos de clausura en la puerta del espacio ese mismo día.

Asimismo, se publicaron documentos que informan que el Senado gastó más de 200 mil pesos en la compra de productos de belleza durante 2024, de acuerdo con órdenes de pedido publicadas por Libro Negro. En ellas se detallan diversos artículos de maquillaje y cuidado del cabello; por ejemplo, se señala el pago de 12 mil 750 pesos por un spray, lo que incrementó las preocupaciones sobre posibles gastos indebidos. No obstante, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que se trata de un servicio independiente y que las legisladoras pagan dichos servicios con su propio dinero.

El artículo 8 de la ley establece que: “En la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de servicios y obra pública, se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad”. En este punto, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña fue objeto de señalamientos, ya que en 2025 se reveló que adquirió una casa en Tepoztlán con un valor aproximado de 12 millones de pesos. El hecho generó críticas, al considerarse elevado el costo de la propiedad para un servidor público, y se solicitó transparencia sobre los términos del crédito. Noroña afirmó que la compra se realizó mediante un crédito hipotecario que paga con su salario como legislador y otros ingresos, como los obtenidos a través de su canal de YouTube.

El artículo 9 prohíbe los contratos otorgados mediante tráfico de influencias. Textualmente señala: “Los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública serán nulos de pleno derecho”. Sin embargo, en 2023 se dio a conocer que empresas vinculadas a amigos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, recibieron contratos millonarios por parte del gobierno federal, por un monto aproximado de 100 millones de pesos.

Entre los empresarios señalados se mencionó a Alejandro Castro Jiménez, Santiago Jiménez, Diego Jiménez y Amílcar Olán Aparicio. En su momento, el exmandatario reconoció que algunos de los beneficiarios eran amigos de su familia, pero descartó que ello representara un conflicto de intereses.

El artículo 12 establece que únicamente podrán contar con secretario particular los titulares de dependencias o entidades, así como los subsecretarios de Estado y superiores. Además, solo los titulares de entidades de control directo podrán tener la asignación de un chofer. No obstante, en el Senado y la Cámara de Diputados es común que legisladores cuenten tanto con chofer como con secretario particular, aunque es posible que dichos gastos sean cubiertos con recursos propios de cada legislador.

El mismo artículo señala que quedan prohibidas las plazas con nivel de Dirección General Adjunta, que no habrá remuneración adicional por desempeñarse como legislador y que el gobierno solo podrá contratar consultores, asesores o despachos externos cuando sea estrictamente necesario; es decir, cuando dichas tareas no puedan ser realizadas por el personal de la dependencia.

El artículo 16 prohíbe la compra de vehículos de lujo o cuyo valor supere las 4 mil 343 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias vigentes, lo que equivale aproximadamente a un poco más de 500 mil pesos. Por ello, la compra de las camionetas por parte de la SCJN fue motivo de señalamientos, al igual que el caso de 2023, cuando José Luis García Parra, entonces coordinador de asesores del entonces presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, adquirió un Audi R8, vehículo de alto lujo con un precio estimado entre 3 y 4 millones de pesos, cifra claramente superior a su salario. Tras el escándalo, García Parra devolvió el automóvil, argumentó que había sido un “error” y poco después renunció a su cargo.

El mismo artículo también prohíbe la contratación de seguros de ahorro, seguros de separación individualizados y cajas de ahorro especiales. Asimismo, establece que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo solo podrán destinarse a actividades de seguridad, defensa, Marina, Fuerza Aérea, protección civil y traslado de enfermos. Sin embargo, en 2022, funcionarios como Adán Augusto López utilizaron aviones militares para viajar a distintos estados y promover la revocación de mandato.

Además, se prohíbe realizar gastos de oficina innecesarios, adquirir bienes o insumos cuando exista suficiencia de los mismos, remodelar oficinas por cuestiones estéticas, comprar mobiliario de lujo y derrochar recursos en energía eléctrica, agua, telefonía, gasolina y otros insumos financiados con el erario público.

Por su parte, el artículo 21 señala que: “Tienen prohibido recibir, con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o a sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad”. No obstante, la senadora de Morena Andrea Chávez fue señalada por la oposición por presuntamente recibir apoyo económico de la clase empresarial para pagar espectaculares y otros materiales de promoción con su imagen en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, en la historia de México, Morena no ha sido el único poder político que ha derrochado dinero del erario público. Durante los sexenios del PRI y del PAN, los funcionarios también gozaron de diversos privilegios.

Por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los legisladores del PRI en el Senado recibieron, entre 2015 y 2018, más de mil millones de pesos en subvenciones, mientras que el PAN recibió cerca de 900 millones de pesos.

En 2013, el entonces diputado José Rangel Espinosa, del PRI, fue fotografiado a bordo de un Mercedes-Benz E 500, con un valor aproximado de un millón y medio de pesos, vehículo en el que incluso utilizaba una charola de diputado para circular.

Otro caso fue el de Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quien fue señalado en múltiples ocasiones por su estilo de vida ostentoso, que incluía casas en Cancún, viajes, automóviles de lujo y joyas con un valor muy superior a su salario oficial.

Por su parte, cuando el PAN tuvo la mayoría en el Congreso, fue duramente criticado por asignarse recursos públicos para viajes internacionales de lujo. Recientemente, el exdirigente del PAN, Marko Cortés, fue cuestionado por la compra de un departamento con un valor aproximado de 12 millones de pesos, presuntamente pagado de contado y en euros.

Entre 2007 y 2008, también se denunció que legisladores panistas utilizaban espacios de la Cámara de Diputados para eventos sociales en los que se consumían bebidas alcohólicas, funcionando como una especie de bar en el cuarto piso del edificio H. De manera similar, el PRI fue acusado de contar dentro del Congreso con una sala de juegos, equipada con mesa de billar y áreas para jugar dominó.

Durante estos sexenios, además, existían salones de belleza dentro del recinto legislativo, los cuales no estaban ocultos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se encontraba uno en la planta baja del edificio F, equipado con sillones cómodos, espejos grandes y alrededor de cinco trabajadores.