Avalan aumentar penas por reclutamiento forzado de menores

Por unanimidad, tras avalar una reserva firmada por todos los coordinadores parlamentarios, los legisladores aprobaron modificaciones al artículo 201 para señalar que las penas por el delito de corrupción de menores para formar parte de una asociación delictuosa, que actualmente es de siete a 12 años de prisión, aumentará en una mitad.

La reforma fue aprobada con 415 votos a favor y turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El emecista Pablo Vázquez Ahued indicó que esta modificación es un primer paso importante para combatir un fenómeno que ha lacerado y lacera al País, y cancela el futuro de cientos de miles de niños y adolescentes en México.

No obstante, el legislador advirtió que el reclutamiento es un fenómeno mucho más complejo.

"Si bien este dictamen contribuye en cierta manera a enfrentar este problema, tenemos que dimensionar el fenómeno del reclutamiento como un problema mucho más amplio. Casos y ejemplos como los que sabemos de ofertas falsas de trabajo, casos como la cooptación y subcontratación de pandillas de barrio de jóvenes, casos como intentos, y algunos con éxito, de secuestros masivos de jóvenes en comunidades rurales en distintas partes del país. Casos como la creación de anexos o centros de rehabilitación para las adicciones, que en realidad son centros de reclutamiento de niñas, niños y jóvenes", dijo.

Vázquez Ahued señaló que para enfrentar este problema se requiere de un enfoque integral que vaya más allá de esta reforma y que incluya la prevención del reclutamiento mediante una estrategia de seguridad pública, la desarticulación de redes de reclutamiento de la delincuencia organizada y la recuperación de los jóvenes mexicanos que han transitado por esta situación de horror.

La panista Tania Palacios coincidió en que la reforma tiene límites claros, porque no reconoce con suficiente precisión las nuevas formas de captación de menores y jóvenes.

"Mientras el crimen organizado ya recluta en redes sociales, en chats privados, en plataformas digitales, nuestra legislación sigue anclada en un tipo penal pensado para un México analógico. El crimen ya migró al mundo digital, nuestra ley todavía no", sostuvo.

La legisladora indicó que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una emergencia nacional y a pesar de ello, el Congreso aprobó una reforma descafeinada porque si bien fortalece sanciones, reduce un fenómeno estructural a una consecuencia penal.