Calderón no figura en la trama de lavado de dinero de García Luna, pero “no quiere decir que a lo mejor supiera”, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, hasta el momento, el nombre del expresidente Felipe Calderón no aparece en los expedientes relacionados con la red de corrupción y lavado de dinero atribuida al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Durante su conferencia de prensa de este viernes, la mandataria fue cuestionada sobre si el exmandatario estaba involucrado en el esquema financiero por el que García Luna fue señalado. Sheinbaum aclaró que Calderón no figura como receptor de recursos dentro de la investigación, aunque consideró que esto no necesariamente significa que desconociera las actividades de su entonces funcionario.

"Hasta ahora no, no ha salido ninguno. No está él, digamos, como receptor de recursos, pero eso no quiere decir que a lo mejor supiera sus actividades delictivas como fue presidente, pero no han salido en la trama de lavado de dinero", contestó a pregunta expresa de la prensa.

Sheinbaum también sostuvo que las actividades de García Luna fueron más allá de sus presuntos vínculos con grupos delictivos durante el periodo conocido como la guerra contra el narcotráfico, implementado durante el gobierno de Calderón. Según la presidenta, posteriormente el exfuncionario habría participado en negocios relacionados con actos de corrupción.

Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, señaló que el exfuncionario habría desviado alrededor de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares mediante una red de 30 contratos gubernamentales.

De acuerdo con la información presentada, los contratos habrían sido otorgados con sobreprecios y, a cambio, García Luna habría recibido remuneraciones económicas y otros beneficios provenientes de integrantes de la familia Weinberg.

El esquema habría permitido canalizar recursos públicos mediante operaciones financieras vinculadas con las empresas y personas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública.

El gobierno mexicano inició hace cinco años una acción legal relacionada con este entramado financiero ante tribunales de Estados Unidos. Después del proceso judicial, el Estado mexicano obtuvo una resolución favorable.

Un tribunal estadounidense ordenó el pago de aproximadamente 579 millones de dólares como parte de la reparación relacionada con los recursos involucrados en el caso.

Sin embargo, hasta el pasado 25 de agosto, únicamente se habían recuperado 5.8 millones de dólares.