Comienza FGR cateos en el INE
Agentes federales revisaron el área que adjudica contratos, en la indagatoria por la red de proveedores ligada a Taddei
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) cateó el miércoles las oficinas de Recursos Materiales del Instituto Nacional Electoral (INE) en la capital, para indagar contratos otorgados a proveedores de material electoral.
La diligencia ocurrió la mañana del 11 de noviembre en la Torre Zafiro, ubicada en Periférico Sur 4124, colonia Jardines del Pedregal. Es la primera inspección de este tipo en el instituto dentro de las carpetas que la FGR integra por posibles delitos en la proveeduría electoral.
En el operativo participaron agentes especializados en delitos electorales y en delincuencia organizada. El área revisada depende de la Dirección Ejecutiva de Administración, responsable de conducir las licitaciones y adjudicaciones del organismo.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios estuvo a cargo de Mario Alfonso Burciaga Esparza hasta el 27 de octubre. Ese día renunció junto con José Alberto Pérez de Acha e Iliana Araceli Hernández, después de la difusión de un video de una reunión con el contratista José Alfredo Hernández Casillas.
Las investigaciones apuntan a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que esa red obtuvo contratos por más de 2 mil 646 millones de pesos entre 2015 y 2025, principalmente con organismos públicos locales electorales.
En la misma torre opera el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, que presentó seis denuncias penales ante la FGR por cohecho y tráfico de influencias. Entre las personas señaladas figuran la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y José Alfredo Hernández Casillas.
El caso escaló tras la difusión de audios y videos sobre la cercanía de Guadalupe Taddei con el proveedor, lo que antecedió a su salida de la presidencia del INE. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 40 personas, entre ellas las de ambos, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el 23 de octubre una revisión al uso de recursos públicos.
Las carpetas de investigación siguen en integración y, hasta ahora, los señalamientos no constituyen responsabilidades penales acreditadas.
Temas: fgr, ine, cateos