Comité de la ONU defiende informe sobre desapariciones en México y pide respeto institucional

El relator del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán, respondió este lunes a las críticas del gobierno de México y al rechazo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la reciente decisión del organismo internacional sobre la situación de desapariciones forzadas en el país.

En un mensaje público, Albán defendió la actuación del comité y llamó a mantener el respeto institucional, subrayando que las diferencias son válidas, pero no deben derivar en descalificaciones:

“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”.

“Los órganos de tratado sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas [...] y nuestra función es supervisar su cumplimiento”.

Asimismo, explicó que sus integrantes son elegidos por los Estados parte y actúan con independencia, pero no al margen de la estructura internacional.

“Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados [...] puede llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Aclaró además que la decisión no fue dirigida a oficinas técnicas, sino al máximo órgano deliberativo de la ONU.

En respuesta a los señalamientos del gobierno mexicano —que acusó al comité de extrapolar datos de años anteriores—, Albán sostuvo que el análisis no se limita a un periodo específico, sino que evalúa la evolución del fenómeno hasta la actualidad.

“[...] más de 132,400 personas desaparecidas [...] sin que se vislumbre una tendencia inversa”.

“[...] alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar [...] en comparación con 52,000 en 2021”.

El gobierno de México ha rechazado las conclusiones del comité, argumentando que muchos de los casos son responsabilidad de grupos delictivos y no constituyen desapariciones forzadas atribuibles al Estado.

Sin embargo, el CED ha advertido que existen indicios de participación directa o indirecta de autoridades en algunos casos, lo que podría configurar violaciones graves al derecho internacional.

Además, el organismo señaló que la magnitud del problema podría encuadrar como crímenes de lesa humanidad, dependiendo de factores como la sistematicidad y el impacto sobre la población civil.

Finalmente, Albán reiteró la importancia del diálogo respetuoso entre los Estados y los mecanismos internacionales:

“Es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos”.

El organismo concluyó que la prioridad debe centrarse en prevenir las desapariciones, garantizar la búsqueda de las víctimas y asegurar la rendición de cuentas, en beneficio de las familias afectadas.