Consejera electoral acusa falsificación de su firma en denuncia presentada ante la FGR

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Gómez Puga, rechazó públicamente cualquier vínculo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de mayo, en la que se señalan presuntas irregularidades relacionadas con un contrato otorgado por el INE durante el proceso electoral 2023-2024.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, la funcionaria aseguró que el documento fue presentado sin su autorización y afirmó que la firma incluida en el escrito no es auténtica. Según explicó, ella no redactó, firmó ni avaló la denuncia, por lo que consideró que se trata de un acto que afecta tanto su imagen como la credibilidad de la institución electoral.

Gómez Puga informó que interpondrá una denuncia formal para investigar la posible falsificación de su firma y otros hechos que pudieran derivarse de la difusión del documento. 

La denuncia en cuestión expone supuestas anomalías en un contrato superior a 63 millones de pesos adjudicado de manera directa a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., encargada de imprimir, producir y distribuir materiales destinados a simulacros de capacitación electoral.

De acuerdo con el escrito, la Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias al revisar el procedimiento, debido a que el INE no habría proporcionado documentación suficiente para comprobar el estudio de mercado que justificó la contratación. También se cuestionó la falta de evidencia sobre visitas oficiales a instalaciones relacionadas con el proveedor.

El documento además señala que algunas inspecciones se realizaron en un domicilio distinto al registrado en el contrato, específicamente en instalaciones vinculadas con otra empresa proveedora del instituto, Formas Finas y Materiales S.A. de C.V., situación que generó dudas sobre la transparencia del proceso.

Otro de los puntos mencionados en la denuncia es el relacionado con los pagos efectuados a Comercializadora JVLY. Aunque las facturas fueron emitidas en mayo de 2024 y posteriormente presentaron observaciones administrativas, el INE habría cubierto el monto total hasta diciembre del mismo año, aun cuando presuntamente no existían registros suficientes que acreditaran plenamente la recepción de los materiales contratados.

El escrito también plantea la posibilidad de que los hechos pudieran derivar en delitos federales, entre ellos ejercicio indebido del servicio público, encubrimiento, falsedad de declaraciones y cohecho, conforme a lo establecido en el Código Penal Federal.