¿De qué trata la nueva ley del agua?

La nueva Ley de Aguas Nacionales, pendiente de votación alrededor del 10 de diciembre, ha generado un intenso debate nacional. La iniciativa provocó protestas y cierres de carretera. El Gobierno Federal sostiene que los cambios son esenciales para un "reparto más justo" del recurso.

La legislación actual, vigente desde 1992, priorizó la privatización del agua. El sistema permitió que un bien público fuera acaparado en muy pocas manos. Esto disparó el número de concesiones, pasando de apenas 2,000 en 1992 a casi 600,000 en la actualidad. Además, este modelo contribuyó a la crisis ambiental, pues el 70% de los cuerpos hídricos en el país están contaminados.

Los promotores buscan que el Estado retome el control sobre este bien. El objetivo central es dejar de considerar el agua como "una mercancía". La norma propuesta terminaría con el acaparamiento, la sobreexplotación y el mercado negro. Además, se tipificará la contaminación de agua como delito contra la salud y se perseguirá el robo, un crimen no contemplado en la regla de 1992.

No obstante, los sectores agrícolas se han opuesto fuertemente. La principal preocupación de los campesinos es que no podrán heredar las tierras con los derechos de uso de agua. Los agricultores declaran: "las tierras sin agua... ¿de qué no sirven?".

Las autoridades respondieron a este temor, señalando que tal afirmación es falsa. Ellas garantizan la herencia de terrenos con agua a uno o varios hijos. El gobierno atribuye la confusión a una campaña de desinformación que está orquestada sobre todo por aquellos que quieren seguir lucrando con el agua.