Defensa de Gilda Lozoya acusa a la FGR de intimidación y violaciones al debido proceso

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer actos de intimidación e irregularidades en el proceso penal que enfrenta su representada por el presunto delito de lavado de dinero.

A través de un comunicado difundido este lunes, el litigante denunció que la defensa fue notificada con apenas dos horas de anticipación para acudir a las instalaciones de la Guardia Nacional en Ecatepec, Estado de México, donde se pretendía realizar una evaluación de riesgo a Gilda Lozoya, diligencia que calificó de innecesaria.

"Este acto es una violación a la defensa, ya que se cuentan con 144 horas para preparar la misma y presentarla ante el juez", sostuvo Rojas Pruneda.

Gilda Lozoya fue detenida el miércoles de la semana pasada cuando regresaba de Ámsterdam, Países Bajos. Posteriormente fue presentada ante una jueza de control en el Reclusorio Norte, donde la FGR le formuló imputación por el delito de lavado de dinero. La acusada solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será este martes cuando se defina su situación jurídica.

Desde su detención, la defensa ha señalado presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía. El abogado afirmó que la ejecución de una orden de aprehensión era innecesaria, ya que, aseguró, existía comunicación permanente entre la defensa y el Ministerio Público, por lo que su clienta habría comparecido de manera voluntaria si hubiera sido requerida.

Asimismo, denunció la difusión de imágenes y videos de Gilda Lozoya esposada y custodiada por agentes de seguridad, al considerar que esa exposición vulnera su presunción de inocencia, su derecho a la privacidad, sus datos personales y su dignidad, además de contravenir disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Rojas Pruneda también informó que su clienta cuenta con una suspensión provisional concedida por un juez. Sin embargo, aseguró que durante la audiencia inicial el Ministerio Público manifestó que debía verificar si tanto la imputada como el juzgador que otorgó la medida cautelar habían cometido algún delito, comentario que, según el abogado, derivó en un llamado de atención por parte de la jueza de control hacia la representación de la Fiscalía.