Enrique Inzunza descarta pedir licencia en el Senado y afirma que acudirá ante las autoridades si es requerido
Niega acusaciones de nexos con el narco y asegura que responderá cualquier citación de autoridades
El senador Enrique Inzunza, acusado junto con el exgobernador de Sinaloa y otros mandatarios estatales de presuntos nexos con el narcotráfico, rechazó solicitar licencia al Senado y afirmó que, en caso de ser requerido, acudirá a cualquier citación o llamado de las autoridades mexicanas.
A través de su cuenta en X, el legislador negó “con toda firmeza” las acusaciones en su contra, a las que calificó como “calumnias” e “imputaciones falsas y dolosas”, y aseguró que responderá a cualquier requerimiento.
En su mensaje, Inzunza —quien señaló haber sido magistrado presidente del Poder Judicial de Sinaloa durante casi 11 años, tras más de 25 años de carrera judicial— sostuvo que ha desempeñado los cargos públicos con “dignidad, integridad y un compromiso indeclinable con la Constitución y la ley”.
“Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas…”, expresó.
Asimismo, afirmó que responderá a los señalamientos desde su labor legislativa y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades:
“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país…”, añadió.
En su pronunciamiento, el legislador manifestó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien se refirió como “líder del movimiento de transformación”, destacando su énfasis en la “verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”.
El senador también señaló que las acusaciones en su contra surgieron tras su intervención en el Senado en defensa de la soberanía de México, frente a lo que calificó como una actuación inconstitucional de agentes extranjeros en territorio nacional, presuntamente con la complicidad de autoridades de Chihuahua con Estados Unidos.
De acuerdo con información difundida el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal contra Rubén Rocha Moya, así como contra el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y otros siete funcionarios y exfuncionarios del estado.
Las autoridades estadounidenses los señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que, de comprobarse, podrían derivar en penas de cadena perpetua.
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