Este 17 de junio entró en vigor la denominada Ley Silla, un proyecto presentado en 2023 en el Senado de la República por la emecista Patricia Mercado. 

Aunque fue rezagado unos meses, fue retomado por el legislador morenista Ricardo Monreal y recientemente avalado por la Cámara de Diputados. 

Dicha reforma, modifica la Ley Federal del Trabajo y busca garantizar el derecho de los trabajadores a tener momentos de descanso durante sus jornadas laborales, principalmente en sectores en donde se labora de pie por varias horas, como son supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia, personal de seguridad, empleados de hoteles y restaurantes, entre otros más que ofrecen servicios de atención al cliente. 

La Ley establece la obligatoriedad por parte de los patrones de ofrecer a sus empleados un asiento o silla adecuada para que puedan descansar durante su jornada laboral. 
Evitando así, problemas en la salud como várices, fatiga muscular, lesiones articulares o en la circulación.

La Ley no especifica los minutos que los empresarios deben destinar para que sus empleados descansen, pero los especialistas recomiendan que sean al menos cinco minutos cada hora, especialmente en jornadas que superan las seis horas continuas.

Tampoco aclara el tipo de asiento que deben facilitar, pero se recomienda que sea cualquiera con respaldo alto y que se instale en una zona especial para ello. 

Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde una amonestación hasta multas económicas que van de 250 a 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la suspensión de actividades en casos de reincidencia. 

Tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como las Juntas de Conciliación y Arbitraje están facultadas para recibir denuncias y realizar inspecciones.

Las empresas cuentan con un plazo de 180 días para adecuar su normativa interna e implementar la Ley Silla. 

“La entrada en vigor de la Ley Silla representa mucho más que una mejora ergonómica. Es un cambio de paradigma en la cultura laboral mexicana. Además de su impacto positivo en la salud y el bienestar de los trabajadores, la ley también tiene una dimensión de justicia de género, al reconocer que muchas de las personas más afectadas por estas condiciones son mujeres”, refiere la Cámara de Diputados.