¿Es ilegal difundir datos personales de contratistas de entidades públicas?

Con el caso de Edson Andrade, donde la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, expuso un contrato que mantenía con el PAN por prestación de servicios en donde se indicaban datos personales sensibles como número de INE o su dirección, surge la duda: ¿es ilegal hacer eso? Y si es ilegal, ¿Quién cometió la falta? 

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, el Partido Acción Nacional se convirtió en el responsable de cuidar la información de su prestador de servicios. Si bien el contrato debe ser público por obligaciones de transparencia, dicho contrato debió ser testado en los datos personales; es decir, información como el número de INE o la dirección de Edson no deberían ser visibles para el ciudadano que consulta. 

Por otro lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 57, señala que “Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para … causar perjuicio a alguna otra persona”. Por ello, considerando que si bien el sujeto obligado de cuidar la información personal de Edson Andrade es el PAN, Luisa Alcalde, como servidora pública, también incurre en una falta al exponer esa información, ya que es información personal sensible que fue expuesta sin apegarse a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, estipulados en los artículos 6 y 7 de dicha ley. 

En ambos casos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la encargada de sancionar si procede, supliendo las funciones que solía tener el INAI y buscando cumplir con ambas leyes para garantizar que el derecho a la transparencia no sea utilizado de manera que vulnere a los particulares. Es una primera prueba mediática para evaluar si la falta de autonomía de este órgano puede funcionar.