Exdirector de Pemex enfrenta nueva denuncia por contrato de más de 4.8 mil mdp; fue detenido recientemente por violencia

Pemex otorgó un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados destinados al combate del mercado ilícito de hidrocarburos. La adjudicación, realizada de manera directa durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla (detenido recientemente por violencia física contra su esposa), ahora es objeto de una denuncia por posibles irregularidades.

El contrato PMX-2025-98-347, firmado el 25 de julio de 2025 y con vigencia hasta diciembre de 2028, fue asignado al consorcio integrado por Arrendo Serv, S.A. de C.V. e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.. El acuerdo contempla el suministro de entre 350 y mil 200 vehículos por año para tareas de seguridad física, protección estratégica y vigilancia contra el robo de hidrocarburos, además del mantenimiento y sustitución de unidades.

Una denuncia ciudadana presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita investigar la legalidad de la adjudicación, la capacidad financiera y operativa de las empresas, la identidad de sus beneficiarios finales y posibles conflictos de interés o simulación de competencia.

El recurso también fue turnado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control de Pemex para que analicen posibles responsabilidades.

La denuncia señala que la contratación se justificó mediante una excepción a la licitación pública bajo el argumento de que el servicio estaba relacionado con seguridad nacional, protección de infraestructura estratégica y seguridad pública.

Entre los puntos que se solicitan revisar están posibles vínculos empresariales entre los integrantes del consorcio y otras compañías. El documento advierte que existen elementos que podrían indicar relaciones corporativas no transparentadas.

“De la revisión de diversa documentación corporativa, registros mercantiles y antecedentes empresariales se desprenden elementos que ameritan ser investigados por las autoridades competentes”.

La denuncia también menciona que algunos representantes de las empresas habrían manifestado tener cercanía con funcionarios públicos, situación que, según el documento, debe ser esclarecida para descartar posibles conflictos de interés.

Asimismo, se pide verificar si las compañías contaban con la capacidad técnica, financiera y patrimonial necesaria para ejecutar un contrato de esta magnitud, así como determinar quiénes ejercen realmente el control de las empresas beneficiadas.

“Lo que constituye indicios suficientes para presumir que la estructura corporativa del consorcio adjudicatario podría involucrar beneficiarios finales, personas relacionadas o grupos de interés económico distintos de aquellos que aparecen formalmente en la documentación pública”.

Las autoridades deberán determinar si hubo afectaciones al patrimonio de Pemex o al erario federal. En caso de encontrar irregularidades administrativas, fiscales o posibles delitos de corrupción, la denuncia solicita iniciar los procedimientos correspondientes y dar intervención a las instancias de procuración de justicia.