FGR cita a comparecer a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EU sobre vínculos con el narcotráfico

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este sábado que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya fue requerido para comparecer en el marco de las indagatorias relacionadas con señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

“Los 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, están siendo citados a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, cita el comunicado.

El organismo explicó que estas acciones forman parte del avance de la indagatoria: “Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación”.

También informó que, en un segundo caso relacionado con investigaciones en el estado de Chihuahua, se han emitido citaciones para que comparezcan autoridades estatales en calidad de testigos, entre ellas la gobernadora Maru Campos, con el objetivo de recabar información que ayude al esclarecimiento de los hechos.

Al respecto, la institución indicó: “En lo que se refiere a la indagatoria en curso en el estado de Chihuahua, además de las actividades ya realizadas y dadas a conocer, están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el exfiscal general de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

De acuerdo con la FGR, estas acciones están relacionadas con la cadena de mando de los funcionarios que participaron en un operativo realizado en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril.

Finalmente, la Fiscalía subrayó que las investigaciones se realizan conforme a derecho y con respeto al debido proceso.

“En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.