FGR investiga acusación de EU contra Rocha Moya: "Solo lo extraditaremos si hay pruebas suficientes"

La Fiscalía General de la República dijo que hará una investigación para saber si Estados Unidos cuenta con los elementos para solicitar órdenes de aprehensión de altos funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.

"Es obligación de esta fiscalía analizar la documentación establecida para determinar si existen los elementos probartorios para llevar a cabo esta solicitud", dijo Ulises Lara, vocero de la FGR. 

Este miércoles, Estados Unidos anunció una acusación formal por presunto narcotráfico contra nueve altos funcionarios de Sinaloa, además del gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades de Estados Unidos, el gobernador en funciones habría conspirado para distribuir grandes cantidades de narcóticos y a cabio habría recibido grandes cantidades de dinero, por lo que el caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. 

Rocha Moya es acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. 

En el documento también se detalla que podría ser acusado a cadena perpetua; y la pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

El fiscal precisó que de acuerdo a la convención de Viena, Estados Unidos debió mantener la información sobre los acusados confidencial.

“Hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América”, informó la dependencia. 

Recordó que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.

La FGR dijo también que la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.

“Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de Derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas, que al igual que en el Estado requiriente, son inalienables”, agregó la dependencia