INE aprueba comisión para alertar sobre posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, instancia que tendrá la tarea de advertir a los partidos políticos si alguno de sus aspirantes a cargos federales en las elecciones de 2027 presenta posibles vínculos con la delincuencia organizada o el narcotráfico, con base en información proporcionada por el gabinete de seguridad federal.

La comisión será presidida por el consejero Arturo Chávez y estará integrada también por los consejeros Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. Su integración fue avalada por nueve votos a favor y dos en contra. Además, se determinó que la Secretaría Técnica establecerá los lineamientos para su funcionamiento. La mayoría de los consejeros rechazó la propuesta de incorporar a representantes de los partidos políticos al órgano.

Durante la discusión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que el instituto no será responsable de determinar el nivel de riesgo de las candidaturas, ya que esa función corresponde a las autoridades de seguridad y la responsabilidad final recae en los partidos políticos.

"El Instituto Nacional Electoral no determinará el nivel de riesgo, pero sí se coordinará con las instancias adecuadas para eso. (…) El Instituto Nacional Electoral no puede correr ningún riesgo en términos de juzgar o no juzgar porque no es nuestra materia el tema de seguridad de definición de nivel de riesgo", afirmó.

Añadió que "la responsabilidad primigenia y final está en los partidos políticos para lo que van a poner a consideración del pueblo mexicano para el siguiente proceso electoral; son sus riesgos, son sus decisiones, son sus voluntades".

En el mismo sentido, la consejera Carla Humphrey sostuvo que "la responsabilidad inicial es de los partidos políticos de ver a quiénes postulan".

Por su parte, el consejero Martín Faz advirtió que la reforma coloca al INE en una posición delicada al obligarlo a participar en un proceso relacionado con seguridad pública, pese a que no cuenta con atribuciones en esa materia.

Precisó que la comisión únicamente fungirá como transmisora de la información que proporcionen las autoridades federales de seguridad y procuración de justicia a los partidos políticos.

Paz alertó que el modelo aprobado incorpora al órgano electoral en esquemas de evaluación preventiva basados en información de inteligencia, lo que podría entrar en tensión con principios como la certeza, la legalidad, la presunción de inocencia y la protección de los derechos político-electorales.

Asimismo, expresó su preocupación de que la existencia de esta comisión genere la percepción de que el INE es responsable de impedir la infiltración del crimen organizado en la política, cuando esa obligación corresponde principalmente a los partidos y a las autoridades de seguridad.

La creación de esta comisión deriva de la reforma electoral conocida como "Plan B", impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. La legislación establece la integración de un órgano técnico permanente encargado de desarrollar un mecanismo preventivo de análisis de riesgo para las candidaturas postuladas por partidos políticos y personas independientes, en coordinación con instancias federales de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.

De acuerdo con la reforma, los partidos podrán entregar de manera voluntaria a la comisión los nombres de sus aspirantes, para que ésta consulte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), instituciones que determinarán si existe o no un "riesgo razonable".

La evaluación tendrá carácter únicamente informativo y no será un requisito obligatorio para el registro de candidaturas en el proceso electoral de 2027.