INE cierra expediente contra Martín López Obrador por recibir dinero de David León

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar a Morena, a Martín Jesús López Obrador ni a David Eduardo León Romero por la entrega de recursos económicos registrada en 2015, al concluir que no existen elementos suficientes para demostrar que ese dinero fue utilizado para financiar actividades del partido.

La resolución fue aprobada por unanimidad en lo general a partir de un proyecto presentado por el consejero Uuc-kib Espadas, poniendo fin a una investigación que se mantuvo abierta durante varios años tras una denuncia promovida por el senador panista Juan Antonio Martín del Campo.

De acuerdo con el análisis realizado por la autoridad electoral, no fue posible acreditar que los recursos entregados por David León ingresaran a las finanzas de Morena o que beneficiaran directamente al instituto político. Asimismo, el INE señaló que tampoco encontró pruebas que vincularan de manera clara a Martín López Obrador con un esquema de financiamiento irregular.

El caso cobró relevancia pública en 2021, cuando se difundió un video en el que David León aparece entregando un sobre con dinero en efectivo a Martín López Obrador en una vivienda de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En las imágenes se observa una conversación entre ambos antes de concretar la entrega de los recursos.

Sin embargo, el organismo electoral concluyó que el material audiovisual y las notas periodísticas presentadas como evidencia no permitieron establecer con certeza las circunstancias ni el destino final del dinero, por lo que no fue posible confirmar que estuviera relacionado con el financiamiento de Morena.

Durante la investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización intentó localizar y notificar a Martín López Obrador en diversos domicilios ubicados en varios estados del país, aunque las diligencias no tuvieron éxito.

Por otra parte, Morena y David León argumentaron ante el INE que los hechos denunciados ya habían prescrito, debido a que la queja fue presentada varios años después de ocurridos los acontecimientos.

Aunque el procedimiento fue declarado infundado, el Consejo General aprobó por mayoría iniciar una investigación adicional para analizar la posible negativa de personas físicas y morales a proporcionar información requerida en este y otros procesos de fiscalización.