Inhabilitan por un año a ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas por ocultar ingresos

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó por un año a Jaime Nova Palma, ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ocultar ingresos superiores a 1.5 millones de pesos en su declaración patrimonial.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que el exfuncionario faltó a la veracidad en su declaración de situación patrimonial al no reportar ingresos distintos a su salario, con el propósito de ocultar un incremento injustificado en su patrimonio.

“(Faltó) a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532 mil 452 pesos, que no fueron explicables ni justificables”, señaló la dependencia en un comunicado.

La Secretaría agregó que la resolución aún puede ser impugnada por el exservidor público.

“La persona sancionada tiene derecho a impugnar, si lo hace, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fue investigado”.

Nova Palma encabezó la Aduana de Lázaro Cárdenas entre 2019 y 2020 y fue separado del cargo en 2021, cuando la actual secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, se desempeñaba como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo responsable del control de las aduanas.

Su salida ocurrió después de que, en 2020, autorizó un subsidio de 12.2 millones de pesos a la empresa Impulsora de Productos Sustentables para la importación de dos millones de litros de diésel automotriz que arribaron al puerto de Lázaro Cárdenas el 9 de marzo de ese año.

Por esos hechos fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; sin embargo, obtuvo un amparo concedido por un tribunal unitario que revocó dicha determinación.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo, pero su recurso fue declarado improcedente debido a que fue presentado por correo electrónico, un mecanismo no previsto por la legislación vigente para ese procedimiento. Además, la Fiscalía omitió incorporar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (PJF) en su promoción.