Irregularidades por 900 millones en Cuautla ponen bajo la lupa al municipio

La Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado aprobó por unanimidad un dictamen en el que solicita a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF) un informe detallado sobre las observaciones detectadas durante la fiscalización de la Cuenta Pública del municipio de Cuautla. Este reporte deberá incluir el estado procesal de las observaciones, así como los montos que no han sido solventados.

El dictamen recuerda que, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución mexicana, los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En este contexto, se advierte que las irregularidades financieras detectadas en el municipio de Cuautla superan los 300 millones de pesos por cada ejercicio fiscal en los años 2021, 2022 y 2023, lo que representaría un posible daño patrimonial mayor a los 900 millones de pesos.

Los legisladores también señalaron que la información sobre auditorías practicadas a municipios de Morelos durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 no se encuentra disponible de forma clara ni sistematizada en los portales oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni de la propia ESAF.

Asimismo, la Comisión exhortó a la ESAF a actualizar la información disponible en sus portales de transparencia, con el objetivo de que se publiquen de manera clara y accesible los resultados de las auditorías realizadas a los municipios, incluyendo las observaciones y las acciones derivadas de estas revisiones. Lo anterior, bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

En ese sentido, el documento subraya que la falta de datos completos sobre observaciones, procedimientos y posibles sanciones limita el derecho de acceso a la información pública, establecido en el artículo 6º constitucional, y afecta la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la fiscalización.

Finalmente, se advierte que esta carencia de información no solo impacta a la ciudadanía, sino también a investigadores, periodistas y organizaciones civiles, quienes dependen de datos confiables y accesibles para evaluar el uso de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.