Juez concede primer amparo contra la reforma judicial; lo revisarán magistrados surgidos del nuevo esquema de elección

Los ministros de la Suprema Corte y los magistrados electos mediante voto popular podrían convertirse en juez y parte al revisar un amparo que impugna la reforma judicial de 2024, la misma que dio origen a su llegada al cargo mediante el nuevo sistema de elección.

Un juez federal resolvió que dicha reforma es inconstitucional al considerar que contradice los principios de la Constitución original de 1917, vulnera derechos humanos y presentó vicios en el procedimiento legislativo durante su aprobación.

El juez Agustín Archundia Ortiz, titular de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, concedió el primer amparo contra la reforma constitucional que estableció la elección por voto popular de todos los jueces del país, además de otros cambios que transformaron de manera profunda al Poder Judicial Federal (PJF) y a los tribunales estatales.

Sin embargo, la sentencia aún no produce efectos, ya que deberá ser revisada inicialmente por uno de los tres tribunales colegiados con sede en Jalisco, donde varios de sus magistrados fueron electos bajo el nuevo esquema. Posteriormente, el asunto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea porque ésta ejerza su facultad de atracción o porque el tribunal colegiado le remita el expediente.

Archundia Ortiz es juez de carrera con 26 años de trayectoria y fue uno de los tres juzgadores de Zapopan a quienes se asignaron más de 500 demandas de amparo promovidas por integrantes del Poder Judicial Federal en contra de la reforma.

La sentencia fue firmada el 31 de julio, aunque será notificada hasta el 17 de agosto debido a que el juzgado inició su periodo vacacional esta semana.

De quedar firme, el fallo únicamente beneficiaría a los promoventes del amparo: la magistrada en funciones Mercedes Verónica Sánchez Miguez, el magistrado retirado Manuel Ernesto Saloma Vera y Aidée Sánchez Arévalo, evitando que la reforma se aplique en su perjuicio.

En más de 170 páginas, el juez argumenta que, con fundamento en tratados internacionales, los jueces tienen facultades para analizar el contenido de una reforma constitucional. Sostiene que esa atribución subsiste a pesar de que, desde octubre de 2024, Morena y sus aliados modificaron la Constitución para impedir que el Poder Judicial revise el contenido de reformas constitucionales.

Finalmente, Archundia sostiene que el Poder Reformador de la Constitución no tiene facultades para alterar los principios fundamentales establecidos por el Constituyente originario de 1917, al considerar que dichos principios constituyen la base del orden constitucional mexicano y no pueden ser modificados por reformas posteriores.

Con información de Reforma.