La ASF pone la lupa en los contratos del INE

Ciudad de México, 23 de octubre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió este viernes una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto uso indebido de recursos públicos en contratos con proveedores de material electoral.

En un comunicado, el órgano fiscalizador informó que ya cuenta con indicios de irregularidades en contratos, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. La revisión abarcará también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a empresas, proveedores y personas servidoras públicas relacionadas con los hechos.

La ASF precisó que, con base en sus nuevas facultades de investigación, actuará "con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico". El organismo no detalló qué contratos revisará ni los nombres de las personas involucradas.

Los señalamientos se centran en contrataciones con empresas que fabrican papelería electoral, como papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. Publicaciones periodísticas apuntaron a presuntos vínculos entre exfuncionarios del INE y esos proveedores, entre ellos una persona identificada como chofer de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Guadalupe Taddei calificó las acusaciones de infundadas y negó esa versión. El 21 de octubre afirmó que los implicados ya no laboran en el instituto, aunque admitió que estuvieron adscritos a la Presidencia del Consejo, y anunció que pediría a la ASF revisar las licitaciones asignadas a esas firmas.

Un día antes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar las contrataciones y planteó que la ASF las revisara, aunque expresó dudas sobre las atribuciones del órgano para auditar al instituto.

"Son recursos públicos, son recursos del pueblo de México", afirmó Claudia Sheinbaum.

La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de recursos federales y puede turnar sus hallazgos a la Fiscalía General de la República (FGR). En una revisión previa, detectó pagos por 63.2 millones de pesos por materiales para simulacros de capacitación electoral sin la documentación completa que comprobara el servicio.