Layda Sansores advierte hasta 37 años de prisión para detenidas del 8M en Campeche
Sansores pidió que “lo piensen” quienes acuden al 8M, tras advertir penas de hasta 37 años por intento de homicidio
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que dos de las mujeres detenidas durante la movilización del Día Internacional de la Mujer (8M) en la capital del estado podrían enfrentar penas de hasta 37 años de prisión, si se comprueba su responsabilidad en delitos graves contra elementos de seguridad.
De acuerdo con la mandataria, las dos mujeres detenidas son investigadas por homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que presuntamente arrojaran gasolina e intentaran prender fuego a policías que resguardaban el Palacio de Gobierno durante la protesta. Este delito podría implicar condenas que van de 25 a 37 años de cárcel, según explicó.
“Esperemos que el juez actúe con justicia. Se espera que su juicio tenga finalmente una sentencia por homicidio calificado en grado de tentativa. Son muchos años de prisión: pueden ser 25, 30 o hasta 37; son penas muy altas”, dijo.
Tras su declaración, Sansores también lanzó una advertencia a las mujeres que asisten a la marcha y que, según afirmó, no saben a qué van.
“Entonces, para que lo piensen las que van y no saben ni a qué van, y nada más las usa la amiga en el juego de ‘qué interesante, como aventura’. Esas no son aventuras y, pues, ellas ya serán señaladas para siempre”, señaló.
Por último, la mandataria cuestionó: “¿Qué vivirán para que tengan ese dolor, esa rabia contra el mundo y contra unas chicas a las que ni les habían visto las caras?”.
El pasado 8 de marzo, durante la manifestación feminista en Campeche, se registraron momentos de tensión frente al Palacio de Gobierno, con actos de confrontación entre algunas manifestantes y la policía estatal.
Las autoridades analizan videos y otras pruebas para determinar la responsabilidad de las personas involucradas.
Por su parte, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado las detenciones y señalan que algunas podrían haber sido arbitrarias, además de exigir que se respete el debido proceso.
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