Ley de Telecomunicaciones: ¿vigilancia total o marco legal robusto?

El debate sobre la gestión de la identidad digital y el control de la información personal, mantiene visiones contrastantes. Los alcances y las salvaguardas de las nuevas herramienta tecnológicas presenta visiones contrastantes.

José Peña Merino, titular de la Agencia Digital desmintió que la Ley de Telecomunicaciones busque espiar o censurar. El artículo clave sobre la colaboración de operadores de telecomunicaciones para la localización geográfica en tiempo real de equipos es exactamente igual a la ley vigente desde 2014. Esta colaboración, se subraya, siempre requiere un mandamiento escrito, fundado y motivado de una autoridad judicial competente. Respecto a la censura, explicó  que los derechos de las audiencias se restituyen y que cualquier queja es iniciada por la audiencia ante un defensor, sin que la autoridad intervenga directamente en un acto de censura. También aseguro que la plataforma Llave MX actual no permite la suplantación de identidad sin verificación documental adicional.

Por su parte, Grecia Macías de la R3D en defensa de los derechos digitales, expresa gran preocupación por la creación de la "Plataforma Única de Identidad" y la CURP biométrica. Se argumenta que esta iniciativa busca no solo la recolección de datos biométricos, sino también el monitoreo en tiempo real de cada uso de la CURP en trámites o servicios. La interconexión de esta plataforma con otras, incluyendo las de inteligencia, genera inquietud sobre una "infraestructura de vigilancia" en desarrollo. Además, se señala la posibilidad de acceso a registros de salud sin salvaguardas y la falta de mecanismos de rendición de cuentas, lo que podría dejar la información vulnerable. Un punto crítico es la exclusión de personas migrantes, a quienes se les condicionaría el acceso a servicios básicos sin esta identidad oficial.

Las posturas son manifiestas: mientras una voz alerta sobre el nacimiento de una infraestructura bastante complicada sin salvaguardas, otra insiste en la continuidad de un marco legal ya existente y regulado judicialmente para el acceso a datos. ¿Usted qué visión de México prefiere?