Morena propone posponer elección judicial a 2028 para evitar empalme con comicios políticos

Diputados de Morena presentaron una iniciativa para recorrer la próxima elección judicial a junio de 2028, tras reconocer que la concurrencia de este proceso con elecciones de naturaleza política genera riesgos institucionales.

La propuesta, suscrita por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y sus compañeros de bancada Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez, plantea modificar los artículos 74, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 de la Constitución.

El objetivo es evitar que las elecciones judiciales coincidan con los procesos electorales políticos, a fin de garantizar una mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta.

“El eventual empalme de elecciones judiciales con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales, entre los que destacan: menor deliberación pública sobre perfiles técnicos, saturación informativa para el electorado, incremento del voto desinformado, politización de candidaturas judiciales y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral”, se indica en el documento.

La iniciativa propone posponer la próxima elección judicial a junio de 2028, ya que su simultaneidad con contiendas partidistas podría afectar la legitimidad del modelo.

Asimismo, plantea eliminar las referencias que vinculan la elección judicial al calendario electoral federal ordinario, con el propósito de evitar su concurrencia y otorgar tiempo suficiente para diseñar, implementar y consolidar el sistema de certificación técnica.

La iniciativa también establece que será facultad del Senado aprobar las renuncias y licencias de ministros y magistrados del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.

Además, señala que la obligatoriedad de las sentencias de la Corte para todas las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como estatales, requerirá la publicación de una tesis. Asimismo, incorpora como requisito indispensable para ministros, magistrados y jueces contar con una certificación de competencias vigente emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, eliminando la exigencia de promedios académicos específicos.

Por otro lado, ajusta el procedimiento de integración de candidaturas al eliminar los comités de cada uno de los Poderes de la Unión y crear un Comité Único de Evaluación conformado por los tres Poderes. También elimina requisitos documentales que no constituyen parámetros objetivos de evaluación y adecua la convocatoria para permitir una mayor preparación técnica del proceso mediante exámenes de conocimiento.

Finalmente, propone que la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se renueve cada dos años, sin posibilidad de reelección inmediata. Asimismo, establece que la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial será elegida por sus integrantes, también sin posibilidad de reelección inmediata.

Como requisito adicional, se establece que los integrantes de este último deberán contar con una antigüedad mínima de 10 años desde la obtención de su título profesional y acreditar al menos cinco años de experiencia dentro del Poder Judicial.

Con información de Reforma.