“No vamos a cubrir delitos, pero se necesitan pruebas”: Sheinbaum acusa motivación política en caso Rocha Moya
Sheinbaum afirmó que no permitirá la intromisión de un gobierno extranjero en la política nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no defenderá a nadie, pero tampoco se juzgará a ninguna persona sin pruebas contundentes. Asimismo, acusó que se trata de un tema político, luego de que Estados Unidos abriera una investigación formal contra nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en el estado de Sinaloa, además del actual gobernador, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, declaró durante su conferencia matutina.
Además, antepuso la soberanía mexicana y afirmó que no permitirá la intromisión de un gobierno extranjero en la política nacional.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía: esta es nuestra posición”, explicó.
Sheinbaum fue clara al enfatizar en reiteradas ocasiones que se necesitan pruebas. Incluso mostró unas fotografías incluidas en el informe de Estados Unidos, donde aparece una presunta nómina que el narcotráfico entregaba a los acusados, pero minimizó su relevancia al decir: “Miren, es solo un papel”.
Señaló que la Fiscalía General de la República es la instancia que debe recibir las pruebas y que solo en ese caso se procedería en contra de los acusados.
“La Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, debe recibir pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o, en su propia investigación, encontrar elementos constitutivos de un delito para proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción”.
La presidenta fue enfática al señalar que México no asumirá un papel de subordinación ante Estados Unidos.
“México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”, mencionó.
Sheinbaum explicó que, para llevar a cabo una orden de aprehensión, la Fiscalía General de la República necesita pruebas.
“La propia Fiscalía General de la República ha establecido que la legislación mexicana señala claramente que, para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”, aseveró.
La mandataria terminó diciendo: “Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes”.
De acuerdo con la información contenida en un documento oficial del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, los señalados podrían enfrentar penas de cadena perpetua en caso de ser hallados culpables, debido a la gravedad de los delitos que se les imputan, todos relacionados con presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Entre los perfiles de mayor relevancia mencionados en la investigación se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. A todos ellos se les acusa de presunta participación en delitos como conspiración para la importación de drogas, así como posesión y uso de armas de alto poder y explosivos.
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