"Normalistas se prestan para hacerle juego a la derecha", dice Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, generó polémica al afirmar que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se prestan a “hacerle el juego a la derecha”, al referirse a las movilizaciones y protestas relacionadas con el caso.

Durante una transmisión en vivo realizada el pasado 10 de junio en sus redes sociales, el legislador de Morena sostuvo que, aunque “los problemas se están atendiendo”, las manifestaciones deben realizarse de manera pacífica y cuestionó las acciones de protesta más confrontativas.

“¿Por qué con violencia?”, expresó Fernández Noroña, al tiempo que aseguró que existen actores políticos interesados en utilizar el caso Ayotzinapa “para sus fines legítimos, medio legítimos o totalmente ilegítimos”.

El senador afirmó además que quienes recurren a la violencia buscan “descarrilar al gobierno” y sostuvo que esas acciones favorecen el “injerencismo de Estados Unidos”. En ese contexto, planteó una disyuntiva política al señalar que se está “con el pueblo y con la patria o estás contra el pueblo y contra la patria”, y acusó a los manifestantes de alinearse con el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano.

Fernández Noroña también calificó como “vomitivo” el comportamiento de quienes participan en las protestas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Las declaraciones ocurren en medio de nuevas exigencias de los familiares de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso. El pasado 13 de junio, el Comité de madres y padres de los 43 estudiantes solicitó a la Secretaría de Gobernación una reunión para revisar el estado de las investigaciones.

Asimismo, exigieron a la Fiscalía General de la República retomar diversas líneas de investigación que, de acuerdo con un escrito difundido con el acompañamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, habrían sido abandonadas desde 2024.

Los familiares sostienen que sin el seguimiento de esas indagatorias no será posible esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos ni avanzar en los procesos judiciales para determinar responsabilidades en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.