Pensiones doradas: Sheinbaum va por nueva reforma para aclarar tope constitucional
La PresidentaClaudia Sheinbaumanunció que enviará al Congreso unanueva reforma constitucional para corregir la contradicción generada en el límite establecido…
La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una nueva reforma constitucional para corregir la contradicción generada en el límite establecido para las pensiones y jubilaciones de servidores públicos.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria explicó que el objetivo será dejar claro que el tope máximo de una pensión pública debe corresponder al salario de la Presidenta de la República y no al 50 por ciento de esa cantidad, como quedó establecido inicialmente en la reforma aprobada en marzo.
“Era contradictorio y, en efecto, a la hora de que se propuso la reforma no quedó claro. Entonces, la orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la Presidenta”, señaló Sheinbaum.
Ante las inconformidades de algunos jubilados, la Consejería Jurídica emitió un criterio el 9 de junio para aplicar la interpretación más favorable a los pensionados.
“Las instituciones debían aplicar lo más benéfico. Aquellas personas que estaban recibiendo la mitad del salario de la Presidenta pasaron a recibir el tope máximo del salario de la Presidenta”, explicó Alcalde.
“Es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas. Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país”, afirmó.
La funcionaria señaló que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar la remuneración presidencial vigente.
Además, estimó que la eliminación de jubilaciones superiores al salario presidencial ha generado ahorros aproximados de 5 mil millones de pesos.
Sin embargo, el criterio emitido posteriormente por la Consejería Jurídica dejó sin efecto práctico ese límite del 50 por ciento y permitió que las pensiones llegaran hasta el equivalente al ingreso de la Presidenta.
Con la nueva iniciativa, el Gobierno busca eliminar la ambigüedad y establecer un único criterio para definir el límite de las jubilaciones financiadas con recursos públicos.
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