Pide Movimiento Ciudadano desaparición de Poderes en Michoacán

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Senado a formular la declaratoria de desaparición de poderes en Michoacán.

En la propuesta, la legisladora enlista los casos de violencia que han ocurrido en la entidad en las últimas dos décadas. 

En especial, los ocurridos más recientemente, como los asesinatos del empresario limonero Bernardo Bravo; Alejandro Torres, sobrino del líder de autodefensas Hipólito Mora; y el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. 

“Los citados asesinatos de autoridades en funciones y empresarios son evidencia de las condiciones de ingobernabilidad que atraviesa la entidad, bajo el asedio y control de los grupos delictivos que, ante la inacción del gobierno estatal, extorsionan a los sectores productivos, someten a las autoridades civiles y de seguridad bajo relaciones de complicidad y asesinan a quiénes se resisten y denuncian sus actividades”, señala el punto de acuerdo.

Además, el texto hace alusión a los grupos del crimen organizado que han proliferado en la entidad: desde Los Caballeros Templarios hasta La Familia Michoacana y muchos otros. 

Advierte también la extorsión que se vive en los municipios de Tierra Caliente, en donde hay cobro de piso por parte de La Familia Michoacana, que también tiene bajo su mando el control de precios de precios productos y mercancías.

Señala de igual forma las vidas inocentes que se han perdido durante los enfrentamientos entre células del crimen organizado. 

Y habla del recrudecimiento de los ataques en contra de las autoridades al registrarse siete asesinatos de presidentes municipales, mientras que otro más fue secuestrado y se encuentra en calidad de desaparecido.

Por estas razones, la legisladora advierte que  las condiciones de violencia generalizada y la ausencia de resultados en la procuración de justicia que imperan en la entidad, en conjunto representan una grave crisis de ingobernabilidad que imposibilita el ejercicio normal de los poderes públicos en Michoacán.