Plan B de Sheinbaum vs derroche millonario: Congresos locales en la mira por excesos
En los últimos 6 años, la ASF ha detectado irregularidades millonarias en los presupuestos de diversos congresos
Tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto a los congresos locales en la mira con su Plan B, que presentará la próxima semana para reforzar la fiscalización federal sobre sus presupuestos.






No es para menos.
En los últimos años, aprovechándose de su autonomía presupuestal, los congresos estatales han incurrido en un despilfarro millonario principalmente en el pago por servicios personales que han significado un abuso que daña el erario.
La Auditoría Superior de la Federación ha dado cuenta de este derroche.
En un recuento elaborado por envoxmx, en los últimos 6 años, la ASF ha detectado irregularidades millonarias en los presupuestos de diversos congresos estatales de México por casi mil millones de pesos.
Las principales fallas incluyen incrementos no justificados en la partida de servicios personales, ampliaciones presupuestales sin autorización y gastos sin comprobar de recursos federales que reciben los poderes locales.
Estos señalamientos del órgano fiscalizador han derivado en decenas de pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad administrativa y solicitudes de aclaración a los congresos.
El ranking del derroche: los congresos locales con más irregularidades
De los 32 congresos locales auditados por la ASF, Nayarit arrasa como el peor infractor con 230 millones de pesos en observaciones, principalmente por falta de comprobación de gastos y un derroche en servicios personales que rebasó todos los límites aprobados.
Sólo de la revisión de la cuenta pública del 2019, la ASF solicitó al Congreso de Nayarit que aclarara la cantidad de 207 millones de pesos en la partida de servicios personales.

Este caso emblemático ilustra la serie de irregularidades que ha motivado el Plan B de Sheinbaum.
Le sigue Guerrero, que acumula probables daños al erario federal por 102 millones de pesos en las cuentas públicas de 2018 a 2020, destacando por sus excesos en servicios personales y observaciones múltiples que lo convierten en el segundo más señalado por la ASF.
Las irregularidades más destacadas del Congreso de Guerrero fueron detectadas en las cuentas públicas del 2018 y 2020.


Los congresos de Baja California (75 millones de pesos) y Baja California Sur (70 millones de pesos) integran también este exclusivo club de derrochadores señalado por la ASF, donde legisladores locales abusaron de ampliaciones presupuestales no autorizadas y excesos en servicios personales.
Sólo en la revisión de la Cuenta Pública del 2018, la ASF le reclamó al poder legislativo de Baja California la cantidad de 45 millones de pesos.

Por su parte, en la revisión de la cuenta pública del 2020, el órgano fiscalizador solicitó al Congreso de Baja California Sur justificara el gasto por 25 millones de pesos.


El ranking de derroche en los congresos locales es completado por los siguientes poderes legislativos que acumulan los mayores montos observados por la ASF.
- Coahuila: 50 millones de pesos.
- Quintana Roo: 46 millones de pesos
- Morelos: 41 millones de pesos
- Nuevo León: 40 millones de pesos
- Aguascalientes: 39 millones de pesos
- Sinaloa: 30 millones de pesos
En la segunda línea de congresos locales señalados por la ASF, el Estado de México lidera con 27 millones de pesos en irregularidades, seguido de Tabasco (24 millones), Tlaxcala (22 millones), San Luis Potosí (17 millones) y Yucatán (17 millones).
Otros casos relevantes incluyen Tamaulipas (15 millones), Zacatecas (15 millones), Durango (12 millones), Oaxaca (11 millones), Michoacán (10 millones), Sonora (10 millones), Chiapas (7 millones) e Hidalgo (5 millones), todos por excesos en servicios personales y gastos sin justificar.
Plan B: frenar el despilfarro en los congresos locales
Observaciones que llegan hasta los mil millones de pesos en el despilfarro en servicios personales y ampliaciones no autorizadas, son evidencia de una crisis de fiscalización en los poderes legislativos estatales.
¿Es necesaria hoy la intervención federal, vía el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, para detener este derroche de recursos públicos?
Temas: congresos locales, claudia sheinbaum, plan b