Presenta ASF 21 denuncias ante FGR por daño de 600 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra alrededor de 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno por el probable desvío de más de 600 millones de pesos entre 2020 y 2024.

Las denuncias derivan de presuntas irregularidades detectadas en dependencias federales como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Talleres Gráficos de México, así como en el Gobierno de Nayarit, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, Estado de México; Alvarado, Veracruz; Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.

Al entregar a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, explicó que las denuncias fueron resultado de la revisión de expedientes en los que se detectaron posibles actos de corrupción constitutivos de delito.

"Empezamos a revisar todos los expedientes, a detectar dónde había posibles actos de corrupción que son materia de un delito, y son las denuncias que presentamos ante la Fiscalía General de la República", señaló.

Precisó que los casos involucran a autoridades de los tres niveles de gobierno y que, independientemente del monto observado, el posible desvío asciende a cerca de 600 millones de pesos.

Además de las denuncias penales, Hernández Palacios informó que la ASF inició 31 expedientes de investigación contra dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, haciendo uso de su nueva facultad para realizar indagatorias sin necesidad de iniciar previamente un proceso formal de auditoría.

Asimismo, el órgano fiscalizador presentó 30 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas graves ante la autoridad substanciadora, derivados de la detección de posibles colusiones en procedimientos de contratación pública.

Ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el auditor sostuvo que la fiscalización superior constituye una herramienta fundamental para fortalecer las instituciones, garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos y combatir la corrupción.

En conferencia posterior, Hernández Palacios informó que la ASF trabaja de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para prevenir que recursos públicos sean desviados hacia organizaciones criminales.

Explicó que las auditorías buscan rastrear el destino final del presupuesto y detectar posibles vínculos con empresas coludidas, funcionarios públicos o grupos delictivos.

Durante la sesión, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez pidió reforzar la revisión del gasto federalizado en entidades como Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y Sinaloa, con el objetivo de evitar que organizaciones criminales se apropien de recursos públicos mediante presuntas redes de corrupción.

Por su parte, el diputado de Morena Arturo Hernández Tapia solicitó a la ASF diseñar estrategias para proteger a los auditores que realizan su labor en regiones con presencia del crimen organizado, a fin de garantizar la fiscalización de los gobiernos locales sin poner en riesgo al personal encargado de las revisiones.