"Proceso contra Ernesto Ruffo es criminal, no político", afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación y el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, responden a un asunto de carácter criminal y no a una persecución política, como sostuvieron 25 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica.

En respuesta al pronunciamiento del Grupo IDEA, la mandataria pidió a sus integrantes revisar la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la investigación por presunto contrabando de combustible.

—"Repito, no tiene nada que ver con un tema político. Es un tema criminal", afirmó.

Sheinbaum explicó que Ruffo es investigado por su probable participación en el ingreso ilegal de combustible al país y por el presunto fraude a la Hacienda Pública mediante la evasión de impuestos.

—"Quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito", sostuvo.

La presidenta reconoció que el exmandatario estatal debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria. Sin embargo, aseguró que la Fiscalía reunió elementos suficientes para obtener de un juez la orden de aprehensión.

Asimismo, precisó que el caso no involucra únicamente al exgobernador, ya que otras siete personas fueron detenidas dentro de la misma investigación.

—"Hay suficiente información por parte de la Fiscalía para haber obtenido una orden de aprehensión de un juez. Esta persona, junto con otros siete, fueron detenidos por este delito", señaló.

El Grupo IDEA difundió el martes una "Declaración sobre la criminalización política en México", en la que calificó el proceso contra Ruffo como una "persecución política instrumentada desde el poder" y un "acto de venganza política".

El documento fue firmado por los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón; los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque, así como el argentino Mauricio Macri, entre otros exmandatarios de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

Los firmantes sostuvieron que Ruffo fue privado de la libertad sin respeto al debido proceso ni a la presunción de inocencia, y relacionaron su detención con la reforma al Poder Judicial y la elección popular de jueces.

La dependencia informó que integró 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación de hidrocarburos.

La investigación también contempla el aseguramiento, en julio de 2025, de 170 ferrotanques con aproximadamente 18 millones de litros de combustible, así como un presunto daño al erario superior a los 100 millones de pesos por concepto de evasión fiscal.

Con información de Reforma.