Recaudación total pero: ¿la FIFA no pagaría impuestos en México durante el Mundial 2026?

El gobierno de México aprobó una medida que promete incentivar la organización del Mundial 2026, pero también desata una ola de controversia. A través de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, se exentará de obligaciones fiscales a personas y empresas —nacionales o extranjeras— que participen en la organización, logística, difusión o servicios vinculados con el torneo. La disposición, que entrará en vigor en el último cuatrimestre de 2025, busca atraer inversión y dinamizar la economía.

La justificación oficial apunta a una derrama millonaria: ocupación hotelera al alza, turismo masivo, remodelaciones urbanas y servicios especializados en las sedes —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—. Sin embargo, la exención ha despertado críticas por su impacto en la equidad tributaria y la posibilidad de que los mayores beneficios recaigan en grandes corporaciones, mientras el contribuyente común asume los costos.

La medida podría agravar desigualdades. Empresas internacionales y cadenas hoteleras operarían con ventajas fiscales, mientras la población local seguiría pagando impuestos, enfrentando aumento de precios y soportando inversiones públicas en infraestructura y servicios. La ecuación resulta familiar: el Estado asume los riesgos financieros y los beneficios se concentran en unos pocos.

La historia de eventos similares —como los Juegos Olímpicos o mundiales pasados— demuestra que las promesas de prosperidad muchas veces se diluyen entre deudas, obras subutilizadas y déficit fiscales. La pregunta persiste: si las empresas lucran sin tributar, ¿quién cubre la factura final?

El Mundial 2026 podría ser una vitrina global para México, pero también una prueba sobre justicia fiscal y sostenibilidad social.