Sanciona Departamento del Tesoro de EU a empresas en Puerto Vallarta. ¿Están ligadas al CJNG?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó esta mañana que a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a cuatro personas y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, por un esquema de fraudes con tiempos compartidos presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

En un comunicado, la dependencia norteamericana detalla que las personas relacionadas con el Cártel, son Michael Ibarra Díaz Junior, un empresario con 20 años en el negocio de tiempos compartidos tanto en Jalisco como en Nayarit; así como Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, quienes ya habían sido previamente identificados por sus posiciones de liderazgo dentro del grupo criminal en Puerto Vallarta, que van desde el esquema de fraudes hasta la coordinación de asesinatos de rivales y políticos de la zona.

“Ibarra fue entrenado como un contador, lo cual es consistente con el uso de profesionales por parte del Cártel para llevar a cabo su complejo y lucrativo esquema”, señala.

Por otro lado, las 13 empresas que fueron sancionadas y que forman parte de la red corporativa que usa Ibarra y el resto de operadores del Cártel son: Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, Corporativo Integral De La Costa, Corporativo Costa Norte, Sunmex Travel, TTR Go, Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucerias, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Fishing Are Us, Santamaría Cruise, Laminado Profesional Automotriz Elte, y Consultorías Profesionales Almida. 

La sanción congela todos los recursos vinculados a la persona o institución en suelo estadounidense y prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense tener relaciones financieras con la persona o entidad designada.

A las víctimas las enganchaban ofreciéndoles tiempos compartidos y exigiéndoles, posteriormente, pagos adelantados. 

Luego, haciéndose pasar por autoridades advirtiéndoles que estaban involucrados con presuntos delincuentes y, finalmente, haciéndose pasar por firmas legales que aseguraban que podían iniciar procedimientos a nombre de las víctimas para recuperar los fondos perdidos por un pago adelantado.