Se hizo el silencio en el Tribunal Electoral: ¿qué tan fuerte tocaron los acordeones?

ElTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)rechazóuna queja y bloqueó una investigaciónsobre el presunto uso de "acordeones" para…

Se hizo el silencio en el Tribunal Electoral: ¿qué tan fuerte tocaron los acordeones?
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó una queja y bloqueó una investigación sobre el presunto uso de "acordeones" para manipular el voto en la reciente elección judicial del pasado 1 de junio. Esta decisión, avalada por la Sala Superior con una votación de 4 a 1, impide que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice una pesquisa exhaustiva, argumentando falta de pruebas "necesarias".

Los "acordeones", distribuidos tanto física como digitalmente antes y durante la jornada electoral, contenían los nombres de los candidatos que finalmente resultaron ganadores para la Suprema Corte de Justicia, jueces y magistrados de distrito. La denuncia, presentada por Proyecto Justicia Común, señalaba a Morena y a ciertos gobiernos estatales por supuesta inducción al voto.

Sin embargo, los magistrados Felipe de la Mata (quien fue el ponente), Felipe Fuentes Barrera y la presidenta Mónica Soto, determinaron que la queja solo presentó tres capturas de notas periodísticas, cuatro enlaces de internet y un video, omitiendo "referencias indiciarias" o "hechos concretos". En esencia, exigieron que el denunciante aportara las pruebas y realizara las investigaciones que, según ellos, el INE no puede hacer basándose solo en rumores o conjeturas.

En contraste, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único en desacuerdo, señalando que el INE sí tiene las facultades para investigar a fondo, incluso solicitando información a la policía cibernética, bancos o a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para rastrear posibles pagos relacionados con la distribución de estos materiales.

La decisión ha sido criticada por cerrar la puerta a una investigación fundamental y por trasladar la carga de la prueba a la ciudadanía, quienes carecen del alcance institucional para obtener la información requerida.