Senado convoca a Maru Campos y al fiscal de Chihuahua por polémico caso de agentes de EU en el estado

“Mitómana” y “uso político”: choque en el Senado por caso Chihuahua–CIA

Senado convoca a Maru Campos y al fiscal de Chihuahua por polémico caso de agentes de EU en el estado

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó con 15 votos a favor y 1 en contra la emisión de una invitación a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal César Jáuregui Moreno, para participar en una reunión de trabajo programada para el 28 de abril a las 11:00 horas. El objetivo será revisar el caso relacionado con la presunta intervención de agentes extranjeros en operativos de seguridad en la entidad.

El encuentro se realizará de manera conjunta con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, y busca que las autoridades estatales expliquen la muerte de dos ciudadanos estadounidenses señalados como posibles agentes de la CIA, además de aclarar las circunstancias del hecho y el avance de las investigaciones. 

También se pretende abordar las denuncias sobre una eventual presencia de personal de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano, lo que ha generado cuestionamientos sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y la coordinación entre autoridades locales y federales.

Durante el debate, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, criticó que el tema se esté utilizando con fines partidistas y defendió a la mandataria estatal. En ese contexto lanzó una postura irónica al señalar:
“¿Quieren que venga la gobernadora de Chihuahua a dar las clases de cómo se combate el crimen organizado?… Con mucho gusto”.

Además, el legislador panista pidió que también se cite a mandatarios estatales de Morena que han sido señalados por vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa, a quien aludió diciendo:“que venga a explicar como es que se iba a reunir con el Mayo Zambada el día que se llevaron al Mayo a EU”. 

También mencionó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmando: “y que nos explique por qué en los Estados Unidos le cancelan su visa. Porque su esposo, Carlos Torres, está acusado de ser la cabeza de un grupo del crimen organizado que, entre otras cosas, trafica con el huachicol fiscal”, dijo el legislador.

Anaya insistió en que la eventual entrada de agentes extranjeros al país es responsabilidad del gobierno federal.

Por su parte, el senador de Morena, Javier Corral cuestionó la actuación del gobierno de Chihuahua y sostuvo que existen contradicciones en su versión de los hechos. 
“Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal, que entraron en una cascada de mentiras, de contradicciones, de falacias, son los que van a venir a dar clases de combate al crimen organizado. El problema en el que estamos tiene origen en un fenómeno que ha sido modus operandi del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora del Estado”.

En su intervención, Corral también acusó a la administración estatal de falta de veracidad y de no enfrentar de manera efectiva al crimen organizado, afirmando:
“Estamos ante una mitómana, que miente como respira. Y ese ejemplo lo ha traducido las estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad”.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio advirtió que el asunto está siendo politizado y cuestionó la competencia del Senado para solicitar la comparecencia de autoridades estatales, al recordar el marco del federalismo mexicano. 
“No existe una conexión de normas constitucionales que debemos resolver. No hay una interpretación de la Carta Magna que esta comisión debe de esclarecer. La gobernadora de Chihuahua y fiscal general de ese estado no le rinden cuentas a este Senado, le rinden cuentas al Congreso del estado de Chihuahua; le rinden cuentas a la ciudadanía del estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establece para tal efecto. Esa es la estructura del federalismo mexicano, de la soberanía de cada entidad”.

Agregó que, en todo caso, las comparecencias deberían dirigirse a autoridades federales responsables de la política exterior y la seguridad nacional.

El punto de acuerdo será discutido y votado en el Pleno del Senado.

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