Senado declara constitucional reforma contra “pensiones doradas”

El Senado de la República realizó este miércoles la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que establece límites a las jubilaciones y pensiones de altos mandos en entidades públicas, luego de que 20 congresos locales avalaran el proyecto.

La Mesa Directiva informó que la Cámara de Diputados remitió un oficio con el proyecto de declaratoria del decreto, mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los votos aprobatorios provinieron de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que los impuestos de los mexicanos sostienen el funcionamiento del Estado y cada peso recaudado “representa el esfuerzo cotidiano de millones de trabajadoras y trabajadores, que confían en que los recursos públicos serán administrados con responsabilidad, honestidad y sentido de justicia”.

En ese sentido, subrayó la importancia de reflexionar sobre la manera en que se han distribuido históricamente los recursos públicos, sobre todo en prestaciones extraordinarias que han beneficiado a una minoría:

“La declaratoria que hoy se realiza toca fibras profundas del constitucionalismo mexicano, pero también del sentido común republicano. Una reforma constitucional destinada a eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza en distintas entidades públicas de nuestro país como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nafinsa, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro.”

Castillo Juárez aclaró que esta medida no menoscaba el valor del servicio público, sino que lo reivindica, ya que “el verdadero honor de servir al Estado radica en contribuir al bienestar de la nación, no en asegurar beneficios desproporcionados al término de la carrera administrativa”.

La reforma elimina la disparidad entre las pensiones millonarias de exfuncionarios, que en algunos casos superaban el millón de pesos mensuales, y las pensiones promedio de los trabajadores en México, que rondan los siete mil pesos al mes. Además, establece que nadie podrá recibir más de la mitad del salario que percibe el titular del Ejecutivo federal, poniendo fin a las llamadas pensiones “doradas” y asegurando que el presupuesto se utilice en beneficio del pueblo.

Una vez emitida la declaratoria, la reforma constitucional fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su publicación.