Sheinbaum: delitos y corrupción en México deben denunciarse ante instituciones nacionales, no en EU por beneficios personales

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que políticos o funcionarios mexicanos proporcionen a Estados Unidos información sobre casos de delincuencia o corrupción ocurridos en México con el propósito de obtener beneficios personales.

Cuestionada sobre la posibilidad de que servidores públicos colaboren con instancias de investigación de otros países en favor de sus propios intereses, la Mandataria sostuvo que cualquier información relacionada con hechos delictivos o actos de corrupción cometidos en territorio nacional debe ser presentada ante las instituciones mexicanas.

“Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso hay instituciones nacionales. No estoy de acuerdo”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

La Presidenta aclaró que una persona sí puede presentar una denuncia ante autoridades de otro país cuando haya sido víctima de un delito durante un viaje o cuando los hechos hayan ocurrido fuera de México.

Sin embargo, estableció una diferencia cuando se trata de información relacionada con delitos cometidos en territorio nacional.

“Si se trata de información relacionada con temas de delincuencia, corrupción en México, pues deben ser presentadas en las instituciones nacionales”, expuso.

Sheinbaum no mencionó a ningún político en particular ni afirmó que existan funcionarios mexicanos que actualmente estén entregando información a autoridades estadounidenses.

El pronunciamiento ocurre después de que Los Angeles Times publicó en junio que los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, presuntamente tenían revocadas sus visas estadounidenses y que podían ingresar a ese país mediante un permiso especial reservado para colaboradores de la justicia.

El diario también vinculó a ambos mandatarios con una supuesta investigación relacionada con el contrabando de combustible. Tanto Durazo como Villarreal rechazaron los señalamientos.

Villarreal mostró públicamente su visa y aseguró que no ha recibido ninguna notificación sobre su cancelación, restricción o una investigación en su contra en Estados Unidos.

Durazo, por su parte, negó tener una orden de captura o estar sujeto a una indagatoria en ese país.

Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos no ha hecho públicas acusaciones formales contra ninguno de los dos gobernadores ni ha confirmado su situación migratoria.

El tema también ocurre después de la difusión de audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en los que se escucha una conversación sobre gestiones relacionadas con la recuperación de su visa estadounidense.

En las grabaciones, una voz atribuida a la Mandataria habla de una posible reunión con personas vinculadas con agencias estadounidenses y expresa disposición a colaborar.

Ávila reconoció que sostuvo una conversación con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de Estados Unidos, aunque señaló que nunca acreditaron oficialmente su representación.

La Gobernadora también negó haber entregado información reservada de las mesas de seguridad, aseguró que la reunión no llegó a concretarse y afirmó que los audios fueron editados y difundidos fuera de contexto.

Con información de Reforma.