SRE publica comunicaciones con EU sobre solicitudes de extradición de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer las comunicaciones oficiales que sostuvo con el gobierno de Estados Unidos respecto a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador de Morena, Enrique Inzunza, en atención a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En los documentos difundidos, la Cancillería señala que, tras las solicitudes de Estados Unidos para la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos, el gobierno de México fijó una "postura clara" basada en la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, se cita una declaración de la presidenta Sheinbaum en la que afirma: "No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito... y hemos actuado en consecuencia".

La SRE enfatizó que cualquier acción legal emprendida en territorio mexicano debe sustentarse en pruebas claras y verificables conforme a la legislación nacional.

De acuerdo con las comunicaciones, las solicitudes estadounidenses fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que abrió las investigaciones correspondientes y determinará los pasos a seguir con base en las pruebas presentadas y el debido proceso, dentro del marco del Estado de derecho.

La dependencia reiteró que el gobierno mexicano mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de justicia, pero subrayó que no permitirá injerencias externas en decisiones que corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales.

"México mantiene la cooperación con Estados Unidos, pero no permitirá ninguna injerencia externa en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano", señala uno de los documentos.

Acusaciones presentadas en Nueva York

La Cancillería también hizo pública la acusación presentada por fiscales estadounidenses en el Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

Según el expediente, los imputados presuntamente participaron en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.

Además, se les atribuye haber utilizado sus cargos públicos para proteger a líderes del crimen organizado, filtrar información policial y militar sensible, impedir detenciones, ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos de droga y permitir acciones violentas del cártel sin consecuencias.

Las acusaciones incluyen también delitos relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

En el caso de uno de los señalados, identificado como Juan Valenzuela, la acusación incorpora además un cargo por secuestro con resultado de muerte.

No obstante, las autoridades estadounidenses precisan que se trata de acusaciones formales y no de sentencias condenatorias, por lo que todas las personas señaladas deben ser consideradas inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad ante un tribunal.

SRE advierte sobre el debido proceso

La Secretaría de Relaciones Exteriores difundió además un extrañamiento en el que advirtió que hacer pública información relacionada con una solicitud de extradición antes de que la persona reclamada sea detenida y sometida al procedimiento correspondiente podría vulnerar su derecho al debido proceso.

La dependencia sostuvo que el manejo de este tipo de solicitudes debe apegarse a los procedimientos legales establecidos tanto en la legislación mexicana como en los tratados internacionales aplicables.