Suprema Corte rechaza petición de jueces para frenar reforma judicial de AMLO

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó hoy por unanimidad una solicitud de diversos jueces y magistrados federales que buscaban frenar el avance de la reforma judicial aprobada en 2024 y promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

Los impartidores de justicia habían presentado recursos legales para solicitar que la SCJN evaluara la constitucionalidad de la reforma, alegando que ésta vulnera principios fundamentales como la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, la Corte consideró que no era posible analizar dichos planteamientos, ya que en octubre de 2024 se publicó un decreto constitucional de inimpugnabilidad, según el cual “son improcedentes las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo que intenten frenar o eliminar adiciones o reformas a la propia Constitución”. 

Durante la sesión, desde el proyecto de resolución a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama se sostuvo que la Corte no tiene facultad para modificar o invalidar reformas constitucionales, porque “las reformas a la Constitución son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo” y, por tanto, son inmunes a control jurisdiccional. 

La reforma, aprobada en 2024, introduce cambios en la designación de jueces y ministros, la estructura de tribunales federales y la duración de los cargos, con el objetivo declarado de agilizar procesos judiciales, pero ha generado críticas por supuestamente concentrar poder en el Ejecutivo y reducir la independencia de los órganos judiciales.

La ministra Batres explicó que las impugnaciones presentadas por los jueces formaban parte de intentos previos por someter la reforma al escrutinio jurisdiccional, “algunos de los cuales fueron admitidos por la mayoría de la anterior integración de la Corte”, pero que la nueva composición del tribunal determinó que esa vía ya no procedía. 

El ministro Giovanni Figueroa Mejía puntualizó que la solicitud había quedado superada con la entrada en vigor de la norma que prohíbe impugnar cambios constitucionales, mientras que otros ministros, como Yasmín Esquivel, también votaron por desechar la consulta, coincidiendo en que la reforma ya está consumada tras iniciar la primera elección de jueces, magistrados y ministros. 

Con esta decisión, la Suprema Corte cerró definitivamente la posibilidad de que el Poder Judicial resuelva sobre la constitucionalidad de la reforma judicial dentro del marco jurídico nacional. Por ello, los promoventes de las acciones legales podrían optar por recurrir a instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para presentar sus quejas.