TEPJF modifica reglas para elegir a consejeros del INE e impulsa inclusión de grupos vulnerables

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió modificar la convocatoria para seleccionar a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), permitiendo la participación de personas con doble nacionalidad, ex candidatos de procesos judiciales recientes y miembros de grupos en situación de vulnerabilidad.

El magistrado Felipe de la Mata señaló que la restricción de que los aspirantes al INE sean exclusivamente mexicanos por nacimiento y no hayan adquirido otra nacionalidad es discriminatoria e injustificada:

“La restricción de no haber adquirido una nacionalidad diversa es discriminatoria e injustificada, pues el hecho de que la parte actora cuente con otra nacionalidad por nacimiento es una cuestión contingente que no rompe en principio con la finalidad que buscó el legislador al establecer como requisito el ser mexicano”.

Con esta resolución, quienes tengan doble nacionalidad podrán participar en el proceso de selección sin impedimentos.

La modificación también establece que la prohibición de que los candidatos no hayan sido aspirantes o desempeñado cargos de elección popular en los últimos cuatro años no aplica para quienes participaron en el proceso judicial de 2025 para elegir jueces, magistrados o ministros. Según los magistrados, la norma buscaba evitar vínculos con partidos políticos y no compromete la imparcialidad de quienes compitieron por cargos judiciales.

“No haber sido registrada o registrado como candidato o candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación, no resulta aplicable a las personas que hayan participado como candidatas a cargos judiciales”, indicaron los magistrados.

El TEPJF también ordenó que las quintetas de aspirantes al Consejo General del INE incluyan al menos a una persona de grupos en situación de vulnerabilidad, como indígenas, afrodescendientes o personas de la comunidad lgbt+. El objetivo es garantizar una “participación efectiva” y una “inclusión real” en el proceso de selección.

“Son vía para que la promesa constitucional de inclusión deje de ser retórica y se convierta en realidad (…) Responden a la deuda histórica que la sociedad carga por la discriminación sistemática cometida en contra de estos grupos”, añadió De la Mata.

El proceso de selección se mantiene con los plazos previstos: el registro cerró este viernes, y del 30 de marzo al 17 de abril, el Comité Evaluador analizará los perfiles para enviar la lista de finalistas a la Mesa Directiva el 20 de abril.

La resolución fue aprobada por unanimidad; el magistrado Reyes Rodríguez no participó en la sesión.