Tribunal desecha amparos y avala tope a "pensiones doradas"

Por unanimidad, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó las resoluciones de jueces de Distrito que habían desechado dichos amparos. El tribunal argumentó que, tras una reforma impulsada en 2024, el Poder Judicial de la Federación no puede revisar modificaciones a la Constitución mediante el juicio de amparo.

Este órgano jurisdiccional está concentrando la revisión de los recursos relacionados con el tema. Hasta ahora, los afectados —principalmente ex directivos y personal de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Luz y Fuerza del Centro, Bancomext, Nacional Financiera (Nafin) y Banobras— han presentado al menos seis mil demandas.

Las sentencias emitidas por el tribunal son inapelables. Sin embargo, los promoventes aún pueden continuar litigando en aspectos específicos, como la reducción considerada excesiva de sus pensiones o su eventual inclusión indebida en la medida aplicada por cada dependencia. Esto debido a que la reforma al artículo 127 constitucional se refiere exclusivamente al personal de confianza y no al personal sindicalizado.

De manera inusual, la sesión pública del tribunal no fue transmitida en vivo a través de la plataforma del Órgano de Administración Judicial (OAJ), y el video correspondiente tampoco ha sido publicado. No obstante, tanto la lista de notificaciones como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) ya registran que los recursos de queja fueron declarados infundados.

En sesiones previas, el tribunal ya había rechazado diversos recursos de queja, aunque estos no estaban relacionados con el desechamiento de los amparos, sino con la negativa a conceder suspensiones que buscaban mantener los montos previos de las pensiones.

Si bien en algunos casos jueces de Distrito llegaron a otorgar suspensiones para frenar la reducción, dichos amparos también serán finalmente desechados por el tribunal colegiado.

Al resolver estos asuntos, algunos jueces han reconocido que la reforma podría afectar derechos adquiridos; sin embargo, también han señalado que carecen de facultades para modificar una disposición de rango constitucional.

La reforma estableció un tope retroactivo para las pensiones del personal de confianza, de modo que ningún ex trabajador pueda recibir más del 50% de la percepción de la Presidenta de la República, equivalente a aproximadamente 80 mil pesos mensuales. Esto afectó a quienes recibían montos superiores a 200 mil pesos, derivados de esquemas de prestaciones similares a los establecidos en contratos colectivos para trabajadores sindicalizados.

Como parte de la difusión de la medida, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) publicó listas con los nombres e ingresos de miles de jubilados, incluidos casos de personas que percibían menos que el nuevo tope o incluso menos que la propia Presidenta.

Durante el debate legislativo de la reforma, senadores de Morena argumentaron que no tendría efectos retroactivos en el sentido de obligar a los jubilados a devolver recursos ya recibidos.

Cabe señalar que la reforma no afectó las pensiones de militares ni de ministros de la Suprema Corte en retiro, ya que sus percepciones se clasifican técnicamente como “haberes” y no como pensiones por jubilación.

Con información de Reforma.