Tribunal ordena liberar a presunto segundo tirador del caso Colosio; declara prescrita la acción penal

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, al determinar que la acción penal en su contra prescribió desde 2015.

En una resolución de 44 páginas, de la que La Jornada posee copia, los magistrados Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y Josué Osvaldo Garduño Sánchez concluyeron que "se declara prescrita la acción penal ejercida contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio simple intencional".

Como consecuencia, el tribunal revocó el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México y ordenó la "inmediata libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega" respecto a la acusación por su presunta participación en el homicidio del entonces candidato presidencial, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

Los magistrados señalaron que la posibilidad de ejercer acción penal venció "a más tardar, el 23 de marzo de 2015", por lo que las actuaciones posteriores de la FGR quedaron fuera del plazo legal. Indicaron que ese límite fue anterior a la recomendación emitida en 2021, a la reapertura de las investigaciones en 2022 y a las consignaciones realizadas en 2023 y 2025.

Además, el tribunal desechó los argumentos de la FGR al considerar que no logró acreditar que Sánchez Ortega actuó en común acuerdo con Mario Aburto Martínez, sentenciado a 45 años de prisión como autor material del asesinato de Colosio.

La resolución sostiene que la Fiscalía no demostró "la forma en que su dolo comprendió el plan y el modo especial de ejecución; y la inferencia que permitía pasar de la existencia de dos disparos a la conclusión de un acuerdo previo común".

También concluyó que los elementos presentados por el Ministerio Público son insuficientes para atribuir al acusado las agravantes de premeditación y alevosía.

Respecto a las pruebas videográficas y periciales, el tribunal reconoció que permiten establecer que durante el atentado se realizaron dos disparos y que los presuntos tiradores se encontraban en distintos flancos. Sin embargo, precisó que esos elementos no acreditan que existiera una estrategia previamente acordada.

"La ubicación espacial de dos tiradores demuestra, en su caso, una circunstancia física; no prueba, sin otros elementos, un acuerdo para aprovecharla", señala la sentencia, que añade que la cercanía temporal entre ambos disparos tampoco demuestra que hubieran sido sincronizados o producto de una señal común.

Los magistrados también concluyeron que la FGR no acreditó que Sánchez Ortega, quien en 1994 se desempeñaba como agente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), conociera la ubicación del otro presunto tirador, supiera que ambos atacarían desde distintos puntos, conociera el momento de los disparos o hubiera participado en la planeación del ataque.

Asimismo, rechazaron que existan pruebas de que el acusado conociera los desplazamientos y el dispositivo de seguridad de Luis Donaldo Colosio o que hubiera decidido aprovechar esas condiciones para impedir la defensa de la víctima y asegurar el resultado del atentado.