Van por “Alito”: Fiscalía busca desafuero por presunto desvío de 83.5 mdp en Campeche; suman 17 procesados

Las investigaciones por presuntos desvíos de recursos durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche han dejado una red de al menos 17 exfuncionarios, operadores y particulares procesados. La Fiscalía Anticorrupción busca ahora llevar al exgobernador priista ante un juez mediante una solicitud de desafuero presentada ante la Cámara de Diputados.

Las cuatro carpetas de investigación judicializadas que sustentan la petición involucran un presunto quebranto de 83 millones 508 mil pesos. La Fiscalía atribuye a Moreno posibles responsabilidades por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Los expedientes corresponden a cuatro casos distintos: Plaza Colosio, Seguridad Pública, Comunicación Social y Mayavisión, y la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam). En conjunto, las investigaciones abarcan diversas áreas de la administración estatal.

El caso Plaza Colosio involucra a seis personas y operaciones por alrededor de 18 millones de pesos. En Seguridad Pública hay tres personas vinculadas y un presunto quebranto de aproximadamente 27 millones de pesos. En Comunicación Social y Mayavisión son tres los procesados por un monto cercano a 14 millones de pesos, mientras que el expediente de Apicam alcanza a cinco personas y alrededor de 24 millones de pesos.

Aunque la Fiscalía no ha difundido la identidad de todos los involucrados, cinco personas han sido detenidas. Dos permanecen en prisión: Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante de empresas relacionadas con Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de "Alito", y Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social.

Espinosa Campos fue detenido el 10 de agosto en la Ciudad de México y posteriormente trasladado a Campeche. Medina Hernández fue capturado un día después.

Otros tres detenidos obtuvieron modificaciones a sus medidas cautelares. José Domingo Berzunza Espínola, exsecretario de Desarrollo Económico, fue detenido en febrero de 2025 por una investigación relacionada con un presunto desvío de unos 25 millones de pesos. Posteriormente salió de prisión y continúa su proceso en libertad.

Walter Olivera Valladares, ex titular de la Unidad de Comunicación Social, fue detenido el 30 de marzo de 2025 en Mérida y vinculado a proceso por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, en una investigación por más de 16 millones de pesos. En mayo, un juez le permitió continuar el proceso en libertad, mediante una garantía de 200 mil pesos.

Antonio Acosta Orlaineta, conocido como "El Pollo" y exdirector administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, también fue detenido y vinculado a proceso. Debido a problemas de salud, obtuvo una modificación de la medida cautelar y permanece bajo arresto domiciliario en Yucatán.

Al menos otras dos personas relacionadas con las investigaciones obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con las autoridades.

La Fiscalía Anticorrupción ratificó ante la Sección Instructora de San Lázaro la solicitud para retirarle la inmunidad procesal a Moreno Cárdenas y así poder llevarlo ante un juez por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Actualmente, como senador y dirigente nacional del PRI, Moreno conserva fuero constitucional, por lo que no puede ser detenido por estas imputaciones mientras no se autorice su desafuero. La Sección Instructora mantiene abierto el expediente y prevé continuar con su análisis en septiembre.

Moreno Cárdenas ha rechazado las acusaciones y sostiene que forman parte de una persecución política impulsada por la administración de Layda Sansores.

Con información de Reforma.