Ven insuficiente la separación de funcionarios de Pemex: ONGs exigen reparación del daño ambiental

Luego de que el Grupo Interinstitucional creado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo determinó que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México fue debido a un defecto en uno de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), organizaciones civiles opinaron al respecto. 

En una carta abierta, recriminaron que el gobierno federal tampoco haya transparentado la magnitud de las afectaciones, ni cuánto tendrá que pagar para remediar los daños por el derrame de crudo que inició en Campeche y que llegó a playas de Veracruz y Tabasco.

“Tras semanas de opacidad y descalificaciones, la separación de tres funcionarios no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México”, acusaron.

En ese sentido, expusieron que se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.

A principios del mes de marzo, un derrame de crudo comenzó a afectar playas del sur de Veracruz, luego las manchas de hidrocarburo se extendieron hasta el norte de la entidad; además, alcanzaron zonas de Tabasco y Tamaulipas.

Durante más de un mes y medio, las autoridades investigaron el origen del crudo, el cual –informaron este jueves- provino de un oleoducto en la zona Abkatun-Cantarell en Campeche, cuyo material fue posteriormente dispersado e intemperizado por la dinámica marina.

Y recordaron que el gobierno reconoció una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, una fuga negada por áreas operativas, el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención, y el hecho de que la válvula principal no se cerró sino hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga.

“La respuesta política se concentra en tres funcionarios y no en la responsabilidad integral de Pemex como empresa pública del Estado. Despedir a quienes ocultaron información no repara el daño ambiental ni sustituye la obligación de asumir institucionalmente las consecuencias del derrame”.