Arresto del alcalde de Cintalapa: ¿y los demás?

Autoridades estatales y federales ejecutaron una orden de aprehensión contra Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, Chiapas, por presuntos delitos como abuso de autoridad, corrupción y malversación de recursos públicos. Además, se investiga su posible vinculación con grupos criminales que operan en la región, lo que agrava los señalamientos. Cruz Díaz, reelecto bajo las siglas de Morena, fue detenido tras un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras corporaciones. 

La detención también vino acompañada del arresto de dos funcionarios más y policías municipales de Cintalapa, los últimos señalados por “halconeo” y uso indebido de funciones, lo que alimenta la hipótesis de una red de protección criminal desde el propio ayuntamiento. 

Es positivo que se tomen medidas contra políticos —incluso del mismo partido que figuras más altas, como el gobernador de Chiapas— cuando existen elementos suficientes para ser procesados. La justicia debe ser igual para todos, sin importar filiación política, y la lucha contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado requiere de poner en marcha operaciones como ésta. 

Al mismo tiempo, resulta legítimo preguntarse si existen razones políticas detrás de este arresto, especialmente cuando hay otros alcaldes en funciones sobre los cuales han circulado fuertes sospechas de delitos sin que hasta ahora se hayan conocido acciones similares. Uno de los casos más sonados es el de la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, captada en un video departiendo con el líder de la organización criminal “Los Ardillos”.  

También están los casos de los 29 alcaldes michoacanos de diferentes partidos señalados en los Guacamaya Leaks por sostener vínculos con diferentes cárteles, especialmente el de Jalisco Nueva Generación. Muchos de ellos continúan en los cargos y otros, incluso, fueron reelegidos. 

La justicia no puede ser selectiva ni tardía. Si hay indicios de delitos o vínculos peligrosos, deben investigarse y, de ser el caso, procesarse con transparencia y rigor, no con criterios discrecionales o políticos.