Auditoría Superior fortalecida: una oportunidad para mejorar la fiscalización

El Congreso mexicano aprobó una reforma que amplía las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, el órgano encargado de revisar el uso de los recursos públicos. La iniciativa fue respaldada por unanimidad en el Senado, con 111 votos a favor, lo que refleja un consenso poco común en el actual contexto político.

En términos generales, la reforma busca modernizar la fiscalización. Entre sus cambios más relevantes está la posibilidad de realizar auditorías con mayor oportunidad, es decir, más cercanas al momento en que se ejerce el gasto. También se fortalecen las capacidades de investigación y la coordinación con otras autoridades, lo que podría mejorar la detección de irregularidades y su seguimiento.

Otro de los elementos centrales es la creación de un Registro de Información y Datos sobre Recursos Federales, una base que concentrará información detallada sobre cómo se ejerce el gasto en todo el país. Los entes públicos estarán obligados a alimentar este sistema, lo que permitiría seguir el dinero con mayor precisión y reducir espacios de opacidad.

A esto se suman otros cambios, como plazos más claros para emitir resoluciones (hasta 120 días para pronunciamientos y 90 para turnar casos a investigación); se incorporan herramientas tecnológicas como notificaciones electrónicas y se refuerzan las sanciones por no entregar información, incluso cuando el incumplimiento sea parcial.

En un país donde la corrupción ha estado asociada, en buena medida, a la falta de seguimiento del gasto, estos cambios son prometedores. Si se implementan con rigor técnico, pueden cerrar brechas clave en la rendición de cuentas. La reforma no garantiza por sí sola mejores resultados, pero sí construye mejores herramientas para alcanzarlos.