Avances en el caso Segalmex

La reciente resolución sobre el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que ordena a exfuncionarios resarcir un daño patrimonial por 261 millones de pesos, representa un paso relevante en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. La decisión confirma irregularidades en el manejo de recursos públicos y establece responsabilidades administrativas concretas.

El caso Segalmex ha sido particularmente grave por su dimensión. Auditorías oficiales han estimado un daño al erario cercano a los 15 mil millones de pesos, derivado de contratos irregulares, pagos sin sustento y desvío de recursos en un organismo creado para garantizar el abasto alimentario. La magnitud del desfalco lo convierte en el episodio más emblemático de corrupción durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

En ese contexto, la resolución es una señal positiva. No sólo reconoce el daño, sino que obliga a repararlo parcialmente. En un país donde muchos casos de corrupción quedan impunes, avanzar en la recuperación de recursos y en la sanción de responsables es un mensaje relevante. También puede fortalecer, al menos en parte, la narrativa oficial de combate a la corrupción.

Sin embargo, los avances siguen siendo limitados frente a la magnitud del problema. El monto a resarcir —261 millones— es apenas una fracción del daño estimado. Más aún, el entonces director del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, no ha enfrentado cargos penales.

Este punto es clave. Para que haya credibilidad en el combate a la corrupción, las responsabilidades deben alcanzar a los niveles más altos de decisión. No basta con sancionar a funcionarios operativos si quienes encabezaban las instituciones quedan al margen.